El Campo del Abasto volvió a ser el nudo de la discusión municipal. El debate se abrió por la venta de reciclado y por el destino de los recursos: 50 % para capacitación y 50 % para mantenimiento, seguridad y mejoras.
La concejal Celeste Fuscado (JxER) sostuvo que la autorización de 24 meses crea un sistema continuo de ventas. Según explicó, el objetivo es evitar acumulación y riesgo ambiental, aunque admitió que no es una solución definitiva.
Fuscado remarcó que la iniciativa surgió de la decisión del intendente de escuchar a los trabajadores del reciclado. Señaló que se están dando pasos para que los trabajadores constituyan una cooperativa y que el proyecto es “el inicio de algo”. Para el oficialismo, el punto clave es el acompañamiento a un trabajo conjunto.
El concejal Jorge Mendieta (PJ) celebró que el intendente haya reconocido un problema en el funcionamiento del Abasto. Dijo que su bloque fue catalogado como “destructores” y que venía con temas meramente políticos. Sin embargo, advirtió que la planta ya operaba de esa manera cuando asumió en diciembre de 2023.
Para Mendieta, el Abasto volvería a ser un relleno sanitario y no un “campo de disposición final de residuos sólidos urbanos”. Sostuvo que el intendente quiere que la planta vuelva a funcionar como estaba cuando asumió. Aun así, su bloque acompañaría la ordenanza porque plantea mejoras en las condiciones laborales.
Mendieta no estaba de acuerdo con la venta directa sin licitación pública. Reclamó que haya un registro para que las empresas se inscriban y coticen, y que la municipalidad venda a la mejor oferta. También cuestionó que las remuneraciones se paguen en concepto de capacitación. Para el PJ, el momento es pagar un sueldo tal como corresponde a un empleado municipal dedicado al reciclado.
La respuesta del oficialismo fue dura. Felipe Sastre (JxER) calificó las críticas de “discurso vacío que no refleja la realidad” y destacó que el intendente buscó una solución acorde a la ley de municipios. Según Sastre, el Ejecutivo se ocupó de resolver el problema.
Sastre recordó que la comercialización requiere mayoría especial, dos tercios de los concejales presentes, y que eso nunca ocurrió antes. Aclaró que el sistema será de subastas públicas, con diferentes oferentes que puedan compulsar. Para Sastre, ese mecanismo deja en manos de los trabajadores el beneficio del reciclado.
El concejal hizo una referencia solapada a la Cooperativa de Trabajo Mundo Reciclado Limitada, vinculada a Juan Grabois y al Movimiento de Trabajadores Excluidos. Sastre señaló que, a diferencia de gestiones anteriores, donde había “una organización de afuera que se lleve el beneficio”, esta vez los favorecidos serían los trabajadores.
La cooperativa fue excluida del manejo de la planta en mayo de 2025 por decisión de Azcué. Para Sastre, ese cambio deja el beneficio en manos de los recuperadores.
Ante la intervención, Fuscado intentó contener el debate y pidió pasar a votación. Remarcó que lo importante era apoyar la ordenanza para dar mejoras en las condiciones de trabajo a los recuperadores.
Mendieta no estaba dispuesto. La disputa dejó en evidencia el nudo político: cómo vender el reciclado, quién se queda con el beneficio y qué salario reciben los trabajadores del Campo del Abasto.
