El campo entrerriano volvió a quedar expuesto: en la zona de Bovril, en La Paz, la Policía interceptó a cinco personas con cortes cárnicos de una faena reciente, cuchillos y otros elementos. Cuatro quedaron detenidas y una logró darse a la fuga. El episodio, que la Mesa de Enlace de Entre Ríos describió como un nuevo golpe a la seguridad rural, ocurrió el mismo día en que se mantenía una reunión con autoridades policiales.
Según el comunicado del sector rural, el hecho de abigeato fue caratulado como resistencia a la autoridad, por lo que los detenidos podrían recuperar su libertad en pocas horas. La Mesa de Enlace cuestionó esa decisión y señaló que la Policía pidió al Ministerio Público Fiscal de La Paz medidas para localizar al prófugo, pero el pedido fue rechazado. Para la Mesa de Enlace, esa falta de continuidad judicial vacía el trabajo de prevención.
La entidad rural no lo presentó como un caso aislado. Habló de una sucesión de hechos similares en distintos puntos de la provincia y advirtió por una mayor sensación de inseguridad y desprotección de los productores. En su lectura, los establecimientos son intrusados y los bienes afectados por delitos que se repiten, sin respuestas suficientes. Esa es la bronca de fondo: ¿y vos, qué hacés cuando te intrusan? El productor rural se encuentra solo frente a un circuito que, según denuncian, termina soltando a los detenidos.
El reclamo también apunta al sistema judicial. La Mesa de Enlace repudió los hechos delictivos y la actitud de un sistema judicial que, con decisiones de ese tipo, desalienta el esfuerzo de los productores y de las Brigadas de Prevención de Delitos Rurales. La entidad recordó que los efectivos exponen su integridad física al enfrentar a delincuentes, muchas veces armados con armas de fuego. Ahí está el quiebre: la prevención policial pierde fuerza cuando la causa no encuentra continuidad en la Justicia.
La expresión que más pesa en el comunicado es ‘puerta giratoria’. La Mesa de Enlace sostuvo que esa reiterada sensación exige una revisión urgente y una mayor coordinación entre todos los estamentos del Estado. El objetivo, según el sector rural, es evitar que los esfuerzos policiales se diluyan y que la Justicia tenga un correlato concreto en los hechos. No es un reclamo menor: toca el punto más sensible del debate rural, que es la confianza en que el delito no quede impune.
El cierre del comunicado fue directo: los productores entrerrianos atraviesan una situación de indefensión cada vez más preocupante. La Mesa de Enlace pidió respuestas inmediatas, compromiso institucional y acciones coordinadas para garantizar la seguridad en el ámbito rural. El caso de Bovril vuelve a poner sobre la mesa la tensión entre la fuerza pública, la justicia y el campo, en una provincia donde el abigeato sigue siendo una herida abierta.
