La Justicia le puso un freno al Estado en una isla de Entre Ríos: tres meses de respiro para un productor que tenía más de 400 cabezas de ganado sin poder moverlas por un bloqueo sanitario.
Según la sentencia del 26 de octubre, el Tribunal hizo lugar a una medida cautelar innovativa promovida por el poseedor a título de dueño de una fracción de isla en el Departamento Diamante. La orden fue directa: suspender el bloqueo del RENSPA contra el establecimiento Isla Los Sauces y los registros de las personas autorizadas por el actor.
El bloqueo había sido dispuesto a instancia de la antigua Dirección de Administración de Tierras Fiscales y ejecutado por la oficina local del SENASA en la ciudad de Diamante. No es un dato menor: acá, cuando un registro sanitario se traba, no solo se detiene un trámite; se detiene la posibilidad de mover animales, vender, trasladar o sostener la producción.
Los magistrados tuvieron por acreditada la verosimilitud en el derecho invocado por el promotor de la cautela. En el expediente no consta que el bloqueo hubiera sido notificado al actor, ni que este haya sido anoticiado de los fundamentos del pedido estatal. Además, señalaron que fue producto de un procedimiento administrativo en el que no se le dio participación ni defensa al afectado.
También pesó en la decisión un litigio en curso por usucapión o propiedad del inmueble, en trámite ante la justicia de Diamante. ¿Y si la Administración tiene razón? El fallo no lo resuelve: obliga a respetar el proceso y esperar una sentencia.
El peligro en la demora, según el fallo, aparece claro: más de 400 cabezas de ganado en el inmueble no pueden movilizarse por el bloqueo, en un contexto de emergencia hídrica por la influencia del fenómeno El Niño, declarada por el Decreto Nº 2.660/26.
La medida no cierra el fondo del problema. Deja en pie la disputa por la titularidad de la tierra y la posibilidad de que el Estado sostenga que esas islas no pueden adquirirse por posesión. Pero, por ahora, el productor tiene una ventana de tres meses para no quedarse con la producción parada y la justicia sigue con el expediente abierto.
El caso quedó así en una encrucijada típica de las islas entrerrianas: el Estado defiende su posición sobre tierras fiscales, el productor reclama la propiedad y la producción necesita certezas. La sentencia ordena la suspensión del bloqueo por tres meses, pero la pelea por el título sigue en los tribunales de Diamante.
