El oficialismo metió la mano en la Guardia Urbana de Concordia. El concejal Felipe Sastre presentó un proyecto para modificar el artículo 11 de la Ordenanza 36.569, que hoy prohíbe a los preventores portar armas letales o de cualquier otro tipo.
La iniciativa apareció después de que se revelara la presencia de un dispositivo Byrna en la cintura de Martín Amiano, director de Prevención y Seguridad Municipal. Ese dato volvió a encender la discusión sobre qué puede y qué no puede llevar un agente de la Unidad de Prevención Municipal.
El debate no cayó en el vacío: la sesión estaba atravesada por la seguridad de los trabajadores municipales, especialmente en los centros de salud. El bloque del PJ había pedido informes por robos, episodios de violencia y medidas de prevención, luego de que dos trabajadoras del CAPS del barrio Capricornio quedaran retenidas varias horas bajo amenaza de un hombre armado.
Ese pedido no logró el acompañamiento de los bloques oficialista y de La Libertad Avanza. En ese clima, Sastre anunció el proyecto con un argumento claro: reforzar las herramientas defensivas de la Guardia Urbana. La iniciativa pasó a comisión.
La modificación es más fina de lo que parece. El texto vigente dice que los preventores no pueden portar armas letales ni de ningún otro tipo. La nueva redacción propuesta limita el veto a las armas letales y describe al preventor como un agente de prevención que se valdrá de técnicas de mediación y métodos participativos.
Es decir, se elimina la prohibición general y se abre la puerta a dispositivos no letales. Pero el artículo no enumera qué elementos podrían usarse, ni fija condiciones concretas para su empleo. Ahí aparece el vacío: sin protocolo, sin circunstancias claras, sin autorización expresa ni mecanismos de control. Y eso no es menor: dejás a un agente sin reglas claras para actuar.
En los fundamentos, fechados el 29 de octubre, se sostiene que los agentes realizan tareas de riesgo en el espacio público municipal y que pueden verse comprometidos en su integridad física. Por eso, el proyecto considera razonable autorizar elementos defensivos dentro del ámbito laboral y con capacitación obligatoria.
El documento también afirma que los dispositivos no letales son de venta libre en todo el país y que no estarían comprendidos en la legislación nacional de armas ni sujetos al control del RENAR. Es un dato que complica la imagen de un uso menor o anecdótico.
Sastre intentó tejer la iniciativa con el reclamo peronista. Dijo que, tras conversar con otros concejales, consideraron importante “reforzar los elementos defensivos y las herramientas con que cuenta hoy la Guardia Municipal para hechos de inseguridad”. También aclaró que el proyecto llevaba la firma de varios concejales y lanzó: “Tenemos que elegir de qué lado queremos estar”.
La respuesta de Carolina Amiano, presidenta del bloque del PJ, marcó una diferencia. Aclaró que todavía no conocían en profundidad el proyecto, pero sostuvo que el pedido de informes apuntaba a reforzar la seguridad de la Guardia Urbana. El expediente, ahora, queda en comisión.
