El balotaje en Brasil se complica con un desafío que huele a bofetada pública: Lula le pidió a Flávio Bolsonaro que abra sus registros telefónicos, bancarios y comerciales, y si no, que se prepare para el escrutinio. La jugada se movió en Juazeiro, Bahía, y terminó de encender la campaña.
El presidente brasileño dijo, en una entrevista con periodistas, que ya envió al Tribunal Supremo Federal la autorización para divulgar su propia información, siempre que Flávio Bolsonaro haga lo mismo. La idea es simple y dura: que se abran los registros de ambos para saber, como dijo, ‘quiénes son los ladrones en la historia de este Brasil’.
El desafío no cayó del cielo. Ya había aparecido en el debate presidencial del domingo 18, en Band, y ahora volvió con más presión. Lula sostuvo que su oponente no va a aceptar romper el secreto porque, a su entender, tiene una ‘vida podrida’ en lo que respecta a la honestidad. Es una acusación fuerte, y como tal debe leerse: la lanzó Lula, no un hecho judicial confirmado.
La pelea también se metió en el corazón de la política social. Lula recordó que Flávio Bolsonaro había usado la expresión ‘saldo-pago’ para referirse al Bolsa Família, y advirtió que su oponente amenaza con acabar con el programa. Para el presidente, esa iniciativa es el instrumento más exitoso del mundo para combatir la pobreza y el hambre.
La otra campaña ya dejó una señal: el equipo de Flávio Bolsonaro anunció una limitación de dos años para el beneficio. Esa medida, si se concreta, cambiaría el alcance de un programa que hoy sostiene a beneficiarios. Hasta el cierre, Flávio Bolsonaro no dio su versión sobre el desafío de abrir registros; su campaña se movió con anuncios de política social y con la presentación del compromiso ante la Justicia Electoral.
Mientras tanto, el gobierno brasileño adelantó medidas para apuntalar a los pequeños trabajadores. Lula confirmó que prevé aprobar el miércoles 21 el programa Prospera MEI, orientado a condonar deudas tributarias de microempresarios individuales y ampliar beneficios para ese sector. También se presentó una propuesta de enmienda constitucional para hacer gratuito el transporte público los fines de semana, vinculada al fin del horario laboral 6×1.
El dato electoral más fino está en la Justicia Electoral. El compromiso presentado incluye información de familiares y empresas vinculadas con ambos candidatos, y las campañas prevén una divulgación simultánea. Pero todavía faltan pasos para la entrega y publicación de los documentos. Ahí se va a medir si el desafío se convierte en prueba o en ruido de campaña.
