El ajuste no se negocia con un discurso: se paga en aulas, laboratorios y sueldos.
En la sede de la Universidad Nacional de San Martín, fuera de Entre Ríos, el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, se reunió este miércoles con un nutrido grupo de rectores de universidades nacionales en plena disputa por el financiamiento universitario.
El encuentro llegó a casi una semana de la quinta Marcha Federal Universitaria en el Palacio de Tribunales. El ex ministro de Economía puso el foco en un sistema golpeado por el ajuste en los fondos y por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
Massa fue directo: “La universidad es la casa que le puede dar igualdad de oportunidades a los hijos de un laburante”. Y remató: “Todos sabemos lo que representa en términos de movilidad social ascendente en la Argentina”. Para el dirigente, defenderla es “una obligación que tenemos todos como sociedad”.
También advirtió sobre la fuga de talento: “Tenemos que recuperar a esos 10 mil docentes y científicos que se fueron del país”. Y planteó: “Tenemos que recuperar la centralidad de la Universidad como modelo de desarrollo”. No es una frase suelta: es el eje de una disputa que ya cruzó el Congreso, los tribunales y los presupuestos.
Las cifras expuestas durante el encuentro marcaron la magnitud del deterioro: desde diciembre de 2023, las universidades nacionales acumularon una caída presupuestaria real del 41,6%, mientras que los salarios del personal docente y no docente perdieron más del 30% de su poder adquisitivo.
En la mesa de trabajo no quedó nada afuera: la situación salarial de docentes y nodocentes, la falta de actualización de las becas estudiantiles y la paralización de las obras de infraestructura que estaban en marcha antes del cambio de gestión.
El conflicto legal complica el cuadro. El Congreso de la Nación sancionó y ratificó con mayoría agravada la Ley 27.795, pero el Poder Ejecutivo continúa sin aplicarla.
Las universidades, a través del Consejo Interuniversitario Nacional, obtuvieron una medida cautelar ratificada por la Corte Suprema para actualizar salarios y becas. Esa orden judicial tampoco se cumplió, y un fallo de primera instancia declaró inconstitucional el decreto que frenó la puesta en vigencia de la norma.
La sucesión de pronunciamientos judiciales adversos al Gobierno refuerza la posición de las universidades, aunque en la práctica los fondos siguen sin llegar. La pregunta que queda en el aire es simple: ¿hasta cuándo se puede sostener una universidad pública con salarios erosionados, becas sin actualizar y obras detenidas?
La aparición de Massa en el centro del debate universitario no es un hecho aislado. A mediados de septiembre, encabezó un acto con más de mil jóvenes militantes en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, donde defendió la educación pública y abogó por un cambio de paradigma económico.
En esa actividad, el ex funcionario reivindicó su participación en el último tramo del gobierno de Alberto Fernández y dijo que su decisión de asumir el Ministerio de Economía respondió a evitar un desenlace más crítico. “En el peronismo todos sabemos que el gobierno de Alberto se iba en helicóptero”, afirmó. Y remató: “Decidimos poner el cuerpo y ayudar a que el peronismo termine su mandato”.
Mientras los fondos siguen sin llegar, la universidad se juega una partida que no es solo presupuestaria: es la disputa por el rol del Estado, por el salario docente y por la posibilidad de que el conocimiento no se convierta en un lujo.
