La Casa Rosada vuelve a ser el centro del tablero nacional cuando el presidente Javier Milei recibe esta mañana al vicesecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau. El encuentro llega en medio de las observaciones de la administración de Donald Trump al proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, la iniciativa que puso en el radar a las empresas vinculadas con la explotación de hidrocarburos en las Malvinas.
En una conferencia realizada este jueves en el Palacio San Martín, sede de la Cancillería argentina, Landau sostuvo que la legislación es una cuestión de las autoridades argentinas, pero admitió que Washington sigue de cerca sus consecuencias para el sector privado estadounidense. “Nosotros estamos obviamente viendo los intereses de nuestras empresas. Es natural que cualquier país se preocupe por eso, pero quiero destacar que nosotros respetamos el proceso legislativo”, afirmó.
Del encuentro participarán la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el canciller, Pablo Quirno; el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford; el secretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura; el embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas; y la asesora principal para Asuntos del Hemisferio Occidental, Viviana Bovo. Se prevé que también se conversen temas de seguridad y la “lucha contra el terrorismo” en la región, además de las políticas de apoyo económico que ambos países vienen manteniendo.
Aunque funcionarios del Gobierno quisieron desmentirlo, integrantes de la administración estadounidense reconocieron su preocupación por la redacción original del proyecto por Malvinas. La iniciativa no alcanzaba solo a las firmas que operan en el archipiélago, sino también a filiales, accionistas, intermediarios financieros y proveedores relacionados con actividades petroleras sin autorización argentina. El embajador Peter Lamelas había transmitido a funcionarios argentinos la inquietud de Washington y de empresas estadounidenses por el alcance del Título I. La preocupación se concentraba en las penalidades contra compañías asociadas con las petroleras que trabajan en Malvinas y que fueron denunciadas por la Argentina ante el Tribunal Internacional del Mar, en Hamburgo.
El oficialismo postergó el tratamiento parlamentario ante la falta de apoyos y las diferencias sobre varios artículos. Aun así, podría no tardar en reactivarse. La Cámara de Diputados podría abordar el proyecto hacia finales de octubre, aunque otras fuentes consultadas señalaron que la fecha aún no estaba definida; las estimaciones internas marcan que los números estarán disponibles después de que se terminen de configurar los cambios.
Las conversaciones con el PRO, el Movimiento de Integración y Desarrollo, otros bloques aliados y la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina derivaron en la promesa oficial de habilitar cambios. Entre los principales, se limitarán las sanciones exclusivamente a operadoras directas, licenciatarias, proveedores y accionistas directos de proyectos ilegales en territorio argentino, lo que exime a fondos de inversión indirectos. También se incorporará que el nuevo Consejo de Seguridad Nacional tenga la facultad de aceptar o rechazar inversiones de estados y empresas con capitales extranjeros, y se acotó la intervención de las Fuerzas Armadas en infraestructuras críticas solo a casos en que la defensa nacional esté amenazada.
Además, el oficialismo accedió a crear una Comisión Bicameral en el Congreso para auditar las decisiones del Consejo de Seguridad Nacional, compuesto únicamente por miembros del Ejecutivo, como garantía para los aliados legislativos. El gesto busca ordenar el mapa político de una ley que ya no se discute solo en términos de soberanía, sino también de inversiones, energía y señales entre la Argentina y Washington.
