El campo ya no quiere esperar: este miércoles, en la Cámara de Diputados de la Nación, 162 votos le dieron media sanción al proyecto que penaliza el vandalismo rural. La iniciativa, impulsada por el diputado pampeano Martín Ardohain, presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería, ahora queda en manos del Senado.
La votación fue 162 a favor, 77 en contra y una abstención. El respaldo vino de sectores del oficialismo: La Libertad Avanza, PRO, UCR y Provincias Unidas. En contra, integrantes de Unión por la Patria y de partidos de izquierda. El resultado no deja dudas: el proyecto tiene fuerza para seguir de largo.
La figura central es la intrusión rural: quien ingrese sin autorización a un predio delimitado por alambrados, tranqueras o carteles de exclusión podría recibir uno a doce meses de prisión. No es un detalle menor: el proyecto busca proteger la propiedad y el trabajo de quienes viven del campo. En un sector donde la seguridad también se mide con alambrada, el mensaje es claro.
También crea el daño agravado, con penas de dos a ocho años de prisión y multas de entre tres y doce veces el valor del daño. Quedan expresamente protegidos los sistemas de riego, los paneles solares, los silos y los alambrados. Ahí el texto apunta a bienes que hoy son clave para producir y que el proyecto busca proteger.
Otro punto es más polémico: la pena mínima se duplica si el autor del daño es un funcionario público o una persona vinculada habitualmente a la actividad agropecuaria. Es una línea dura que separa al común de quien, por su rol o su oficio, tendría más conocimiento del riesgo. El mensaje es directo: no se puede dañar y esconderse detrás de un cargo.
El proyecto también actualiza el delito de instigación pública. Quien incite a cometer estos delitos podría recibir dos a seis años de prisión, pena que se triplica si la incitación se difunde por redes sociales o medios masivos. En un país donde la palabra viaja rápido, ese punto enciende el debate: ¿dónde termina la opinión y empieza la provocación?
La abstención fue de Luis Eugenio Basterra, diputado formoseño de Unión por la Patria, quien fue ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación entre 2019 y 2021. Su voto no cambió el resultado, pero sí quedó registrado en un tema que divide al Congreso. La historia del proyecto ahora se escribe en el Senado.
Para el agro, la media sanción no es un final: es una puerta que se abre. El proyecto intenta ordenar una zona gris donde la intrusión, el daño y la incitación pública se mezclan con la impunidad. Si el Senado lo aprueba, la Argentina tendría una herramienta más para proteger predios, equipos y trabajadores.
El debate no es solo técnico: toca la seguridad rural, la propiedad privada y el límite de la palabra pública. En un país donde el campo pesa en la economía, cada norma que endurece la protección de los predios se mira con lupa. La pregunta que queda es simple: ¿el Congreso termina el trabajo o deja la media sanción en el camino?
Ahora el proyecto deberá ser tratado por el Senado para completar el trámite legislativo y convertirse en ley. El campo observa, y el Congreso tiene que decidir si esta media sanción se transforma en una herramienta concreta para frenar el vandalismo rural.
