El Senado de Entre Ríos le metió la mano a la Ficha Limpia y cambió el reloj de las inhabilitaciones. El proyecto de Régimen Legal de Ética y Transparencia de la Función Pública avanzó el miércoles 21 de octubre, con dictamen favorable de las comisiones de Legislación General y Asuntos Constitucionales y Acuerdos. La señal queda clara: la cámara alta quiere ajustar la vara antes de que el proyecto vuelva a Diputados.
La iniciativa ya tenía media sanción en Diputados, pero el Senado decidió no copiar el texto y le dio vuelta la clave. El proyecto original fijaba una restricción de diez años desde que la condena quedaba firme; la nueva redacción la amarra a una sentencia condenatoria confirmada en segunda instancia y la estira hasta la eventual revocación o el cumplimiento de la pena. El cambio no es cosmético: modifica el punto de partida y el horizonte de la sanción.
A eso se suma el segundo golpe de timón: el dictamen incorpora nuevos delitos a la lista de conductas que alcanzan al régimen. No es un parche menor: amplía el cerco sobre quiénes pueden presentarse como candidatos y endurece la vara para quienes ya están en la función pública. La pregunta que queda en el aire es si el nuevo listado alcanza a cubrir los riesgos que se quieren prevenir.
El otro frente es el dinero: el texto modifica el régimen de declaraciones juradas patrimoniales. Los funcionarios deberán presentarlas al asumir, todos los años antes del 31 de julio y al finalizar el ejercicio del cargo. La documentación quedará dividida en una parte pública y otra confidencial, e incluirá bienes en el país y en el exterior, participaciones societarias e ingresos. La idea es ordenar un mapa patrimonial que hoy puede dispersarse entre cuentas, sociedades y activos digitales.
El detalle que no pasó desapercibido es que el proyecto contempla expresamente las billeteras virtuales y los criptoactivos. En una época en que el patrimonio se mueve a velocidad de clic, la regla intenta cerrar una puerta que antes quedaba entreabierta. Ese punto, en particular, marca distancia con un esquema anterior que no nombraba de frente las nuevas formas de guardar riqueza. Si el funcionario no presenta la declaración o entrega información incompleta, las multas pueden llegar al 50% de la remuneración bruta mensual y al 100% en caso de reincidencia.
¿Qué sigue? El dictamen quedó en condiciones de ser tratado por el pleno del Senado, y durante el debate en comisión se mencionó el 11 de noviembre como posible fecha, aunque todavía debe confirmarse. Si la Cámara alta aprueba el texto modificado, el proyecto volverá a Diputados para revisar los cambios antes de completar el trámite legislativo. El reloj legislativo sigue andando, pero la fecha aún no está sellada.
