La causa de la ex Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) volvió a estirar la lista de investigados: la fiscalía pidió 36 nuevas declaraciones indagatorias y amplió cargos contra exfuncionarios. El pedido llega en una pesquisa que, según el dictamen, superó las 300 páginas y apunta a un presunto mecanismo para direccionar compras de medicamentos.
Los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez sostienen que la investigación detectó un esquema para anticipar información sobre compulsas de precios, definir qué empresas serían adjudicatarias y fijar valores de venta de tratamientos de alto costo. La acusación habla de un circuito que habría beneficiado a droguerías y perjudicado los recursos destinados a personas con discapacidad y enfermedades crónicas.
Uno de los datos más duros del expediente es el monto: una de las firmas investigadas recibió órdenes de compra por $137.118.708.357 en 15 meses, cerca del 30% de las erogaciones de la agencia durante el período analizado. Para la fiscalía, esos montos incluyeron valores superiores a los de mercado y golpearon las prestaciones de salud.
El dictamen pone un ejemplo concreto: un medicamento para tratar la esclerosis múltiple habría sido adquirido por una empresa a $92.000 por unidad y luego vendido a la ANDIS por valores de entre $3.870.392 y $4.063.912. Esa diferencia, según la acusación, muestra el supuesto margen de ganancia que se construyó sobre tratamientos sensibles.
La comparación no queda ahí: en mayo de 2024, otra droguería había cotizado el mismo producto a $281.400; dos meses después, la ANDIS lo adquirió a $4.093.811. El expediente incorpora archivos secuestrados con datos sobre medicamentos requeridos, precios, márgenes y compañías que, presuntamente, saldrían ganadoras antes del cierre de las compulsas en el sistema SIIPFIS.
Según la fiscalía, el esquema incluyó a 14 firmas que habrían operado bajo una coordinación común, con presunta administración de pagos, asignación de adjudicaciones y demoras en transferencias como herramienta para disciplinar a empresas que no siguieran las condiciones acordadas. El crecimiento de Génesis S.A. aparece como otro punto de atención: de escasa actividad en 2023 pasó, según la acusación, a ubicarse entre las diez compañías con mayores pagos estatales entre 2024 y 2025, con adjudicaciones por $34.066.729.176.
Las nuevas indagatorias alcanzan a directivos de la Suizo Argentina: Jonathan Kovalivker, presidente; Emmanuel Kovalivker, vicepresidente; y Diego Viner, director de Compras. El dictamen atribuye a esa droguería un supuesto control sobre las compras de medicamentos de alto costo.
También figuran Sebastián Nuner Uner, director de Asuntos Corporativos; Gonzalo Zarbo, gerente de la División Tratamientos Especiales; y Fernando Domínguez, coordinador de esa área. La fiscalía señala que la firma recibió órdenes de compra por $137.118.708.357 entre mayo de 2024 y agosto de 2025.
La lista se completa con directores, gerentes y socios de droguerías presuntamente cartelizadas y, según la acusación fiscal, encolumnadas detrás de la Suizo Argentina S.A. Entre las firmas mencionadas figuran Dihemo S.A., Droguería 20 de Junio S.A., Lowsedo S.R.L., Soldist S.R.L., Seguermed S.R.L., Luley S.A., Droguería Meta S.A., Ultra Pharma S.A., Droguería Del Sud S.A., Droguería Disval S.R.L., Hemipharm S.R.L., Medipharma S.A., Droguería Génesis S.A. y Scienza Argentina S.A.
Además, los fiscales requirieron ampliar las indagatorias de los ya procesados Diego Spagnuolo, exdirector ejecutivo de la ANDIS; Daniel Garbellini, exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud; y Miguel Ángel Calvete, junto a Pablo Atchabahian. El dictamen también incorporó nuevos elementos sobre presuntos pagos ilegales a Spagnuolo; la respuesta de los investigados no forma parte de este tramo.
El pedido de 36 nuevas indagatorias y la ampliación de cargos convierte a la causa en un expediente cada vez más extenso, con nombres del sector privado y de la administración pública en el centro de la escena. Cuando el Estado compra tratamientos de alto costo, el sobreprecio no es un dato contable: es una prestación que se desplaza. La próxima etapa judicial determinará si la justicia convierte en formalidad lo que hoy es una acusación fiscal sobre un presunto esquema de direccionamiento de compras.
