La Cámara de Diputados de Entre Ríos volvió a empujar una reforma que toca el corazón del proceso laboral provincial. El proyecto modifica artículos del Código Procesal Laboral y sus modificatorias, y vuelve a poner sobre la mesa un debate que mezcla técnica jurídica, plata, pericias y derechos de trabajadores.
El análisis avanzó en la comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento, que encabeza la diputada Gabriela Lena. Participaron de manera remota la presidenta del Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (IAPSER), Myriam Clerici; la jefa de Asesores de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, Carolina Díaz; y el gerente de Administración de Comisiones Médicas, Ignacio Subizar.
Lena destacó la calidad del debate parlamentario y los aportes técnicos recibidos. Para la legisladora, el punto sensible está en la determinación de las indemnizaciones, porque ahí se define si el sistema termina ordenado o sigue disperso.
“Los invitados nos dieron un pantallazo de aportes posibles a la ley, de datos concretos y estadísticos respecto a la litigiosidad en materia de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, y también en la disparidad que existe en otorgar porcentajes o mecanismos para establecer indemnizaciones en este tipo de eventos”, señaló. La frase resume el eje del encuentro.
“Son temas que hay que estudiar, analizarlos con detenimiento y en lo posible, observar la posibilidad de mejorar el texto para que ordene el sistema, siempre velando porque el trabajador reciba lo que le corresponde”, afirmó. La advertencia va al centro de la reforma.
El respaldo más directo llegó del IAPSER. Myriam Clerici fue clara: “Apoyamos la reforma porque significa reordenar la disparidad de respuestas judiciales a la misma siniestralidad”. En la misma línea, Subizar planteó la importancia de que la norma permita constituir un cuerpo de peritos especialistas en valoración del daño.
El proyecto del Poder Ejecutivo no se queda en discusiones formales. Entre sus puntos centrales, contempla la eliminación del requisito de depósito previo del capital de condena para que el empleador pueda apelar una sentencia, cambios en el régimen de honorarios de peritos y auxiliares de justicia, y la creación de un Cuerpo Especializado de Profesionales Médicos bajo la órbita del Poder Judicial.
También fija que las pericias médicas en causas vinculadas con riesgos del trabajo queden a cargo de profesionales especializados. La determinación de incapacidades laborales se ajusta a la tabla de evaluación vigente en el sistema nacional.
Según los fundamentos, el objetivo es fortalecer la imparcialidad, la uniformidad de los criterios técnicos y las garantías del debido proceso. Es decir, que no todas las causas parecidas terminen con respuestas distintas según el criterio de cada momento.
El recorrido no termina acá. En una próxima reunión, la comisión prevé recibir aportes de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos, el Centro Comercial e Industrial de Paraná, el Colegio de Ingenieros Especialistas de Entre Ríos y el Consejo Empresario de Entre Ríos. La idea es ampliar el análisis con las perspectivas de distintos sectores vinculados con la aplicación de la reforma.
