El Gobierno volvió a mover la fecha: los Fondos de Asistencia Laboral recién arrancan el 1° de diciembre. La postergación quedó formalizada con el decreto 1228/2026, publicado en el Boletín Oficial, y no es un cambio menor: también estiró el plazo de aportes de seis a doce meses.
La idea original era que el régimen entrara en vigencia el 1 de junio, pero el Ejecutivo ya lo había corrido a noviembre. Ahora sumó otro mes, dentro del tope de seis meses que permite la Ley de Modernización Laboral. Quedó claro: el sistema todavía no está listo para operar.
Según los fundamentos de la norma, faltan ajustes en los procedimientos y en los sistemas informáticos para administrar los fondos. También se necesitan pruebas para detectar errores, inconsistencias o demoras antes de que el mecanismo empiece a funcionar. Es decir, el Estado no está improvisando el cambio: está pidiendo tiempo para que la caja no se rompa.
El pedido de más plazo llegó a través de la Comisión Nacional de Valores, por parte de las cámaras que representan a los fondos comunes de inversión, los fideicomisos y los agentes de bolsa. Esas entidades buscaron dos cosas: retrasar el inicio del régimen y ampliar el período inicial de acumulación de recursos.
El segundo cambio es más técnico, pero pesa: el período de carencia pasó de seis períodos mensuales a doce períodos mensuales. El cómputo arranca en el mes en que Arca registre el ingreso efectivo de la primera contribución del empleador. Desde ahí, deben cumplirse doce períodos completos y consecutivos, con los pagos correspondientes.
El Gobierno argumenta que el plazo anterior no alcanzaba para reunir los recursos necesarios en la etapa inicial. Con la ampliación, busca que los fondos tengan una base de dinero suficiente para cubrir las obligaciones a su cargo y preservar su estabilidad. En otras palabras, no quiere que el sistema arranque vacío y se quede sin margen para responder.
Los FAL se instrumentarán mediante fondos comunes de inversión y fideicomisos financieros, bajo la supervisión de la CNV. Su funcionamiento requiere coordinación entre el Ministerio de Economía, la Secretaría de Trabajo, Arca y entidades del mercado de capitales, además de proveedores tecnológicos y operativos.
El régimen alcanzará a los empleadores del sector privado, con las excepciones previstas en la Ley de Modernización Laboral. Quedan excluidas las relaciones laborales del sector público nacional, provincial, de la ciudad de Buenos Aires y municipal.
El decreto lleva las firmas de Javier Milei, Diego Santilli, Sandra Pettovello y Luis Caputo, y entró en vigencia este martes, a partir de su publicación.
La postergación no es un detalle administrativo: es una señal de que el Estado todavía no termina de armar el tablero. Para los empleadores privados, el cambio de reglas llega con más tiempo para adaptarse, pero también con una exigencia más larga de aportes antes de tocar el fondo. La pregunta que queda en el aire es si la nueva fecha va a alcanzar para que el sistema funcione sin tropiezos.
