El calendario judicial volvió a poner sobre la mesa una de las causas más dolorosas de Entre Ríos. El femicidio de Micaela García, ocurrido en 2017, no se cerró: la Justicia va a volver a analizar la responsabilidad de Néstor Pavón.
Esta vez, el acusado no será juzgado de la misma manera: deberá enfrentar el juicio como presunto coautor del crimen de la joven. El cambio de figura no es un detalle menor: redefine el peso del rol que se le atribuye y obliga a la justicia a revisar, de nuevo, cada extremo de la causa.
El debate comenzará el 29 de octubre y se extenderá durante ocho jornadas. Ocho días para que se escuche, se analice y se decida sobre un caso que ya dejó una marca profunda en la familia y en la comunidad.
La espera, para el papá de Micaela, no es un trámite. Néstor García lo resumió con una frase que pesa: “Desde hace días que no duermo”. Detrás de esa línea hay años de dolor, de incertidumbre y de la necesidad de que la justicia no se quede a mitad de camino.
Volver a abrir la puerta del debate no significa que la causa haya estado mal resuelta; significa que el sistema judicial, con sus idas y vueltas, vuelve a poner en discusión un punto clave. En estos casos, cada revisión es una oportunidad para que la sentencia no quede flotando y para que la sociedad entienda cómo se sostiene la responsabilidad penal.
La palabra coautor no aparece en el aire: es una imputación jurídica que la Justicia va a tener que sostener, discutir y, eventualmente, confirmar o descartar. Por eso, el debate no puede leerse como un trámite burocrático: es el momento en que se pone a prueba la convicción de la justicia frente a los hechos de 2017.
Para la familia, cada fecha nueva trae una mezcla de alivio y angustia. El 29 de octubre no es solo un día en el calendario: es la puerta de un proceso que vuelve a poner en el centro a Micaela García, a su historia y a la deuda que una sociedad tiene con las víctimas de violencia de género.
La justicia no puede ser un laberinto donde las causas se repiten sin respuesta clara. Si el sistema vuelve a juzgar, que lo haga con rigor, con transparencia y con la convicción de que una sentencia no es un castigo político, sino una herramienta para que la verdad no quede enterrada.
