Concordia va a tener un quinto Juzgado de Garantías, y no es un detalle menor. La provincia lo formalizó con la Ley 11.310, publicada en el Boletín Oficial de este jueves 15 de octubre.
El nuevo órgano se llama Juzgado de Garantías N.º 5 y tendrá competencia territorial en todo el departamento. También se crea el cargo de juez o jueza de primera instancia, con el peso institucional que eso implica.
La norma modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial para meter el nuevo juzgado en la estructura de Concordia. Es decir, no queda como un anuncio: pasa a formar parte del mapa judicial provincial.
El artículo quinto le da un rol clave al Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos: adoptar las medidas necesarias para implementar la ley y fijar la fecha de inicio. Ese inicio debe llegar dentro de los 60 días contados desde la aprobación de las partidas presupuestarias asignadas.
El Poder Ejecutivo provincial también queda habilitado para hacer las modificaciones y adecuaciones presupuestarias que se necesiten. Sin ese paso, el juzgado no puede arrancar con la operatividad que la ley imagina.
Acá entra la pregunta incómoda: ¿cuándo va a funcionar? La respuesta no está en un acto político, sino en el presupuesto. Mientras no se aprueben las partidas, la fecha queda en el aire.
Para Concordia, la medida tiene un efecto práctico claro: más capacidad judicial para una ciudad que concentra demanda, complejidad y movimiento. No es un número más en un despacho; es una herramienta para que la justicia no se quede chica.
La creación quedó formalizada con la Ley 11.310, pero su entrada en funcionamiento depende de las condiciones previstas en la norma. En otras palabras: la ley ya existe, el juzgado todavía tiene que nacer en la práctica.
Un quinto juzgado de garantías no es un adorno. En la práctica, significa más capacidad para atender la demanda judicial y más estructura para que el sistema no se sature.
El detalle importa: el juzgado no arranca por decreto automático. La ley fija un procedimiento, con el Superior Tribunal como actor central y con el presupuesto como condición. Ahí se juega si Concordia lo ve funcionando pronto o si queda en la letra muerta.
Hasta que no se aprueben las partidas, el reloj de los 60 días no corre. Y si el presupuesto se demora, la fecha de inicio también. Por eso, la discusión no termina con la publicación de la ley: empieza ahora.
