El Senado de Entre Ríos le puso un candado nuevo a la vieja bronca de las deudas alimentarias. Cámara de Senadores aprobó una modificación a la Ley 9.424 que endurece las restricciones para quienes figuran en el Registro de Deudores Alimentarios. Ahora, la sanción no se queda en el papel: les cierra la puerta a casinos, salas de juego y espectáculos pagos.
La norma fue aprobada este miércoles, durante la XV sesión ordinaria, y con el visto bueno de la Cámara Alta el proyecto quedó en condiciones de ser promulgado por el Poder Ejecutivo provincial. La reforma incorpora dos artículos a la legislación vigente y amplía las condiciones de acceso a espacios de entretenimiento y recreación. No es un detalle menor: el Estado provincial le da un peso práctico a la deuda alimentaria, que deja de ser solo una obligación legal y pasa a tener consecuencias visibles.
Uno de los cambios es directo: los organizadores de eventos pagos deberán impedir el ingreso de personas que figuren en el registro. La disposición no se limita a recitales, competencias deportivas u otras propuestas de esas características, sino que abarca cualquier actividad en la que se cobre una entrada. Para instrumentar el control, los municipios adheridos deberán comunicar esta condición a los organizadores, quienes tendrán que solicitar el certificado registral correspondiente.
La otra modificación apunta a las salas de juego y casinos de Entre Ríos. Estos establecimientos deberán impedir el acceso de las personas que se encuentren incorporadas al Registro de Deudores Alimentarios. La implementación será progresiva y estará a cargo del IAFAS, en coordinación con las autoridades responsables del registro. El organismo provincial deberá trabajar en los mecanismos necesarios para hacer efectiva la prohibición.
El mensaje político es claro: la deuda alimentaria no puede seguir siendo un trámite que se diluye mientras el deudor mantiene una vida social y de consumo intacta. Si la norma se promulga, el control pasará a ser parte de la rutina de eventos, casinos y municipios adheridos. Ahí se va a medir si la ley llega a la calle o termina en otra promesa burocrática.
Para las familias que llevan años peleando por una cuota, vos entendés que la medida se lee como un empuje. Pero también abre una pregunta incómoda: ¿cómo se va a controlar en la práctica? Si el certificado registral no está a mano, si el organizador no lo pide o si el casino no lo verifica, la ley puede quedar en un cajón. Ahí va a estar la diferencia entre una sanción real y un gesto político.
