La Justicia le puso precio al tiempo: 100 mil pesos por día. El juez en lo Contencioso Administrativo Federal Martín Cormick le enderezó la pelota al Gobierno nacional por no cumplir la medida cautelar que obliga a actualizar salarios docentes y no docentes y a garantizar el fondo para becas bajo los parámetros de la Ley de Financiamiento Universitario.
La multa, o astreinte, no cae sobre un escritorio cualquiera: apunta al jefe de Gabinete, Diego Santilli, funcionario titular de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación. El magistrado advirtió que el monto y los funcionarios alcanzados pueden modificarse si el incumplimiento sigue. En otras palabras, la sanción no es un trámite: es una presión que crece con cada día que pasa.
El dato que pesa es el calendario. La decisión se tomó a horas de la quinta Marcha Federal Universitaria, prevista para este jueves. No es casualidad: si te fijás, el conflicto ya no está solo en la calle: también está en la carpeta judicial. La medida cautelar sigue vigente, aunque el expediente principal que discute la validez de un decreto está bajo estudio de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal.
El juez había intimado al Estado Nacional por cinco días, plazo que venció el 22 de septiembre. Antes, ya había hecho dos advertencias. Luego se prorrogó por igual tiempo. En la resolución, Cormick subrayó que «los pagos aún no se registraron» y que corresponde hacer efectivo el apercibimiento dispuesto el 30/9/2026. La demandante, el Consejo Interuniversitario Nacional, sostuvo que el Estado «continúa sin cumplir la medida cautelar».
Hay un detalle que no te conviene perder de vista: la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la medida cautelar el 25 de junio de 2026. Con esa confirmación, el incumplimiento no se puede leer como una pelea menor entre abogados. Además, Cormick concedió la apelación del Estado Nacional contra el fallo que declaró inconstitucional la cláusula del decreto 759/2025, con la que el Ejecutivo condicionó la puesta en marcha de la ley.
¿Qué pasa ahora? El Gobierno tiene dos caminos: cumplir o seguir pagando. La multa diaria no es un castigo simbólico: es una presión económica que se acumula y que puede escalar. Si el Estado mantiene la postura, la cuenta se vuelve más cara para la administración y más visible para la opinión pública. En el fondo, la pregunta no es solo jurídica: es política, presupuestaria y también de respeto a una ley que fija reglas para el financiamiento universitario.
La universidad no está pidiendo un favor: está exigiendo el cumplimiento de una norma. Y cuando la Justicia fija una multa diaria, el mensaje es claro: el plazo ya no es una promesa, es un costo. En el país, el debate se instala: ¿se respeta la Ley de Financiamiento Universitario o se la vuelve a postergar con el Estado pagando por no cumplir?
