El Instituto de Derecho del Trabajo del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos dejó un mensaje claro: la reforma del Código Procesal Laboral, tal como está planteada, no supera el test de constitucionalidad. El proyecto ingresó el 28 de septiembre a la Cámara de Diputados, con el expediente 29702, y ya encendió una discusión que va mucho más allá de la técnica procesal.
La bronca no es contra revisar las normas. Es contra el rumbo. En la nota enviada al presidente del Colegio, Santiago Esquivel, los abogados pidieron una participación activa del Colegio durante el tratamiento legislativo. Señalaron que la iniciativa modifica el régimen de honorarios de peritos y auxiliares de justicia, la organización de las pericias médicas y la aplicación de la Tabla de Evaluación de Incapacidades Laborales.
El punto más sensible es la derogación del inciso a) del artículo 125, que obliga hoy al empleador condenado a dejar un depósito de garantía si quiere apelar. Para los firmantes, esa figura no es un trámite burocrático: es una herramienta concreta para asegurar el cobro de un crédito laboral de naturaleza alimentaria. “Supone trasladar al trabajador un riesgo que el ordenamiento actual procura anticipadamente neutralizar”, advirtieron.
Otro golpe al sentido común: crear un Cuerpo Especializado de Profesionales Médicos dependiente del Poder Judicial, con apenas tres profesionales y asiento en Paraná, para intervenir en causas de riesgos del trabajo en toda la provincia. Los abogados reclamaron conocer qué estudios respaldan esa estructura y remarcaron que no se acompañaron estadísticas sobre cantidad de causas, distribución territorial, plazos de pericias ni demanda futura. Si la cantidad de profesionales baja, la cuenta es simple: más demoras y menos justicia oportuna y efectiva.
La advertencia final es la más fuerte: el problema no está en una norma suelta, sino en el efecto acumulativo. El informe enumera cambios en garantías, honorarios y costas, centralización de la prueba médica, obligatoriedad de la tabla de incapacidades y nuevas reglas sobre una prueba clave del litigio laboral. La pregunta que queda en el aire es si el trabajador entrerriano conservará acceso a justicia, aseguramiento del crédito, amplitud probatoria, celeridad, inmediación y tutela efectiva. En la forma propuesta, según el propio documento, el proyecto no supera el test de constitucionalidad.
Los integrantes del Instituto también instaron al Colegio de la Abogacía de Entre Ríos a participar activamente en el tratamiento legislativo. No se trata de frenar cualquier cambio: se trata de exigir que la reforma no degrade la tutela del trabajador, que el artículo 14 bis no quede en la letra y que la justicia laboral no termine siendo menos oportuna ni más centralizada para quien menos puede.
