En un posteo de su blog, Domingo Cavallo calificó de “excelente” un análisis que critica al programa que ejecuta el ministro Luis Caputo en el gobierno del presidente Javier Milei.
El texto, firmado por Jorge Vasconcelos, economista jefe del Ieral de la Fundación Mediterránea, no propone tirar por tierra el rumbo: aclara que las políticas pueden modificarse sin alterar el cambio de dirección de diciembre de 2023.
Acá viene la puya: el informe habla de sobreajuste, anemia de inversión y lagunas financieras, con indicadores de consumo, inversión y empleo débiles en un contexto de posible recesión técnica, es decir, dos trimestres consecutivos de caída del nivel de actividad, que deterioraron la confianza y activaron a la oposición.
Vasconcelos había insistido antes con que el “riesgo político” podía anticiparse y contaminar los mercados si no se pasaba a una nueva fase del plan de estabilización. En ese marco, el informe acusa al programa de provocar un sobreajuste que recae sobre los sectores focalizados en el mercado interno.
Pero no todo es gris. Vasconcelos señala que las expectativas de inflación y devaluación siguen ancladas en 23/25% anual, que consumo, recaudación vinculada al mercado interno y crédito mostraron cierto repunte entre agosto y setiembre, y que para el cuarto trimestre el sector agropecuario volvería a jugar el rol de locomotora.
El dato de Brasil pesa: entre 2017 y 2026, la Argentina pasó de explicar el 6,6% de las importaciones brasileñas a 4,6% este año.
Cada punto equivale a unos USD 3.000 millones de ventas potenciales perdidas. La apreciación del real, de 5,2 a cerca de 5 reales por dólar, tras la victoria de Flavio Bolsonaro en la primera vuelta, abre una oportunidad para recuperar terreno.
En ese país, un ajuste del gasto que estabilice la deuda pública permitiría reducir las tasas de interés y reactivar la economía.
Mientras tanto, el informe remarca que se fortaleció el rol de las provincias del arco energético-minero, con varios proyectos asociados a esos recursos naturales en marcha. Vasconcelos las describe como un posible “balancín de la canoa”: tendrían número suficiente para ejercer poder de veto en el Congreso y, en el plano electoral, incentivos para mantenerse al margen de la unificación opositora, aunque demandarían alguna reciprocidad del gobierno nacional.
Hidrocarburos y minería escapan a esa lógica por estar conectados a la demanda mundial, contar con el RIGI y poder financiarse en dólares. El agro, aunque no tuvo RIGI, se benefició de la rebaja de retenciones, la mayor facilidad para importar máquinas e insumos, la reducción de la brecha cambiaria y la eliminación del cepo para personas físicas, como muchos productores, además de la supresión de restricciones cuantitativas a las exportaciones.
El resto de la economía, según el informe, tiene dificultades de competitividad y debe reconvertirse en un contexto de prolongada restricción crediticia que se inició en abril de 2025, con la competencia desleal implícita de empresas alcanzadas por el RIGI, que tienen ventaja para captar los mejores recursos humanos.
Sobre el crédito, el informe señala que Economía buscó quitar volatilidad a las tasas de interés de corto plazo, pero no despejó el horizonte ni aseguró un corredor. Acá está la trampa: sin previsibilidad, la inversión sigue mirando de reojo y la reconversión se vuelve más cara.
El planteo no es menor: si el riesgo político anticipa tensiones y el mercado interno sigue apretado, el debate ya no es solo técnico. La discusión se vuelve política, porque el plan puede corregirse, pero también puede estirarse si no logra sostener la confianza y la reconversión productiva.
