En Entre Ríos, el tema dejó de ser una queja de fondo de cámara y se volvió un problema de caja: 2.502 nuevos juicios por riesgos del trabajo en 2025 muestran la escala del reclamo.
El dato no es menor: los informes de la UART muestran un aumento del 25% frente a 2024 y una judicialidad que pasó de 69 a 87 demandas por cada 10.000 trabajadores cubiertos.
La tendencia se aceleró durante 2026: entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, los juicios crecieron 38%, el mayor aumento entre las nueve principales jurisdicciones del país.
Por eso el Gobierno provincial decidió avanzar y presentar un proyecto de reforma del Código Procesal Laboral, que ya ingresó formalmente a la Legislatura y tomó estado parlamentario.
El texto plantea cuatro puntos: un Cuerpo Especializado de Profesionales Médicos dependiente del Poder Judicial, la aplicación obligatoria del baremo vigente para determinar incapacidades y la desvinculación de los honorarios periciales del monto del juicio.
Además, elimina la obligación de depositar previamente el monto de la condena, los intereses y las costas, o de ofrecer bienes suficientes a embargo, como requisito para que un empleador pueda apelar una sentencia laboral.
El sector privado entrerriano manifestó su beneplácito y prepara un documento conjunto. Para Ramiro Reiss, presidente del CEER, el respaldo surge de una lectura fría de los indicadores: “El apoyo a esta reforma está en función de los datos”.
Reiss advirtió que Entre Ríos “es la provincia que más ha crecido en juicios contra la ART”, con un aumento “cercano al 40% en el último año”. Acotó que las empresas industriales son las que quedan más expuestas a esta problemática.
El dirigente señaló que “hay una disparidad en los diferentes criterios aplicados en las incapacidades declaradas ante un mismo siniestro”. Por eso planteó que “es clave para corregir estas distorsiones la creación de un cuerpo oficial de peritos que sean elegidos por concurso público de oposición y antecedentes”.
También cuestionó que los honorarios periciales queden atados al monto del juicio o al porcentaje de incapacidad determinado. Pidió que sean “en función de la complejidad de la tarea y de cada caso”, porque de lo contrario “el incentivo que tienen es que cuanto mayor porcentaje de incapacidad, más altos son los honorarios”.
Según Reiss, esa lógica genera una brecha entre lo que establecen las juntas médicas y lo que luego se define en sede judicial, cuyos peritos “lo multiplicaban por tres o cuatro”. La advertencia es clara: si el sistema no se ordena, la imprevisibilidad termina pagándola la empresa que produce.
Reiss aclaró que la postura empresaria no busca limitar derechos, sino ordenar el sistema. “Nadie quita el derecho de reclamar”, expresó, pero sostuvo que el objetivo es “que sea más justo y que el proceso laboral tenga un equilibrio entre los derechos de trabajadores y empresas”.
La pelea, entonces, no es contra el trabajador ni contra la justicia, sino contra una imprevisibilidad que encarece el costo laboral y puede empujar a una pyme al borde de la quiebra. El proyecto quedó en el tablero legislativo y ahora el debate va a definir si la reforma llega a tiempo.
