El Día Internacional de la Salud Mental llegó con una advertencia dura: el PJ entrerriano salió a cuestionar la falta de presupuesto para la urgencia sanitaria y exigió medidas urgentes. Si vos mirás la cuenta, para el bloque la crisis no puede resolverse con declaraciones, sino con financiamiento, cobertura y trabajo territorial.
Desde el justicialismo recordaron que el Poder Ejecutivo dictó el Decreto 2130 y declaró la urgencia sanitaria en materia de salud mental. Sin embargo, el PJ sostiene que la medida no amplía las partidas presupuestarias y la califica de mera declaración de intenciones. “No amplía en un solo peso las partidas presupuestarias destinadas al área”, señalaron, y advirtieron que termina siendo una respuesta burocrática a un problema humano.
El reclamo se apoya en una lectura política: el ajuste y el achicamiento del Estado habrían debilitado la red de atención. El PJ denunció que miles de entrerrianos se enfrentan a un sistema que no llega, que demora y que no alcanza, y vinculó la situación con la precarización laboral, la soledad y la falta de perspectivas económicas. También señaló una situación preocupante en materia de suicidios, con especial impacto entre los jóvenes.
En paralelo, el peronismo destacó el respaldo del bloque de senadores de Más para Entre Ríos al proyecto de ley Red de Cuidados de la Salud Mental y Bienestar Psicosocial, impulsado por la Mesa por la Salud Mental de Entre Ríos. La iniciativa propone un abordaje integral, comunitario y con perspectiva de derechos, y el PJ pidió que se avance para declarar la Emergencia en Salud Mental con medidas concretas y financiamiento.
Entre las acciones planteadas, el PJ mencionó la incorporación de profesionales, el fortalecimiento de dispositivos comunitarios en escuelas, clubes y centros barriales, con especial atención a las zonas más críticas. También puso el foco en las condiciones laborales del personal sanitario y sostuvo que no se pueden exigir políticas de prevención de calidad sin salarios dignos ni condiciones justas.
El comunicado sumó una crítica a la reforma previsional, al considerar que afecta los regímenes especiales del personal especializado en salud mental y no contempla el desgaste de la atención directa. El cierre del PJ fue directo: el Estado provincial no puede seguir mirando para otro lado y, con intervención fuerte del Estado, la situación se puede revertir. El debate quedó instalado: la emergencia mental no es solo un eslogan, es una cuenta que todavía no se pagó. Ahora, la pelota está en el terreno de la definición presupuestaria y de la voluntad política para sostener la red.
