El temporal del miércoles dejó buena cantidad de postes de empresas privadas de telecomunicaciones y televisión por cable caídos sobre las veredas y el espacio público de Concordia. Y, ante la falta de intervención de algunas compañías, el municipio terminó asumiendo la remoción.
Personal del área de Electrotécnica fue visto y fotografiado trabajando en el levantamiento y la reposición de esas estructuras. Las tareas alcanzan principalmente a postes de empresas como Telecom y VideoCable, además de otras firmas locales e internacionales que prestan servicios en la ciudad.
Acá conviene hacer una distinción: se trata de los postes que están sobre el cordón de las veredas y sostienen tendidos de telecomunicaciones. No son las estructuras de distribución eléctrica, que en esos sectores suelen ubicarse sobre la línea de edificación, apoyadas o amuradas a las construcciones.
El problema no es solo la tormenta. Hay postes antiguos que muestran el desgaste acumulado por el paso del tiempo y la falta de mantenimiento o recambio. La lluvia pudo haber sido el factor inmediato, pero el episodio abre la pregunta: qué controles hacen las empresas sobre la infraestructura que usan y qué controles ejerce el municipio.
La intervención de Electrotécnica resuelve la urgencia: retirar estructuras caídas y reducir los riesgos para peatones, vehículos y viviendas. Sin embargo, el municipio parece asumir los costos de esos trabajos cuando se trata de instalaciones de propiedad privada. Ahí aparece la tensión: el espacio público se usa para hacer negocios, pero la cuenta de lo que se cae termina en la caja municipal.
Cada poste caído sobre la vereda es un riesgo concreto. Una estructura caída puede convertirse en un problema para quien camina, para un auto que pasa o para una vivienda cercana. Por eso la remoción urgente tiene sentido. Pero la urgencia no puede tapar la pregunta de fondo.
La escena tiene un detalle incómodo. Las empresas privadas usan el espacio público para tender sus servicios y desarrollar sus negocios, pero cuando el poste cae, el municipio termina apareciendo a limpiar. Eso no es solo un tema de limpieza: es un tema de responsabilidad, conservación y control. Si la infraestructura es privada, la obligación de mantenerla debería seguir siendo privada.
Por ahora, el municipio no informó qué mecanismos aplica frente a estas situaciones. No está claro si las empresas que usan el espacio público fueron notificadas para retirar los postes caídos, qué plazos se les fijaron, si existen obligaciones específicas de conservación de sus instalaciones y qué consecuencias corresponden ante eventuales incumplimientos. La definición de esas reglas va a marcar si el costo de la infraestructura privada sigue cayendo sobre el erario público.
