El Gobierno de Javier Milei quiere cerrar el primer mandato con una batería de privatizaciones y concesiones que, según el programa financiero de Luis Caputo, dejaría cerca de US$ 1.500 millones en 2027 para pagar deuda externa. El objetivo no es menor: vender activos estatales y trasladar la gestión a privados.
Tras vender el 90% de AySA por US$ 340,2 millones, la administración prepara para el 11 de noviembre la apertura de ofertas para Belgrano Cargas, San Martín Cargas y Urquiza Cargas. Las líneas se dividirían entre talleres, material rodante y vías.
Los interesados ya están en la cancha: Grupo México Transportes, un consorcio de cerealeras y el grupo Roggio, que acaba de perder AySA. Los trenes de cargas son clave para bajar costos logísticos, competir en tramos largos contra el transporte por camión y mover materiales para el sector agroindustrial, Vaca Muerta, la minería de litio y cobre en el Noroeste Argentino y las economías regionales.
Un mes después, el 14 de diciembre se abrirán las ofertas para concesionar AMBA I, la obra más importante sobre la red eléctrica nacional, con un costo cercano a US$ 1.100 millones, que reforzará la transmisión en alta tensión. Ahí no entra plata al Estado: gana quien proponga la tarifa más barata, y vos la vas a ver en la boleta.
En esa licitación aparecen Transener y Central Puerto, entre otros. Los accionistas de Transener incluyen a Pampa Energía, Edison Energía y Genneia.
Los nombres propios pesan: Marcelo Mindlin, Juan y Patricio Neuss y Jorge Brito están en el tablero, con otros empresarios. No es un detalle menor: son empresas del sector energético.
El 15 de diciembre vencen los contratos de concesión de varias represas hidroeléctricas. En la lista están Los Nihuiles, en Mendoza; Futaleufú, en Chubut; y dos centrales en Santiago del Estero.
En Mendoza podrían competir los Neuss con sus socios de Edison y Pampa Energía; en Futaleufú se espera que Aluar, de Javier Madanes Quintanilla, se presente, posiblemente con Genneia. Esa central abastece a su planta de aluminio, la mayor consumidora de electricidad del país.
Las licitaciones están atrasadas y es factible que se extiendan los contratos de operación y mantenimiento hasta que tome posesión un nuevo concesionario, como ocurrió con las represas de Neuquén y Río Negro. Esas ventas generaron a principios de 2026 ingresos al Estado por unos US$ 700 millones.
Para el año que viene, el Gobierno también se desprenderá de las centrales termoeléctricas San Martín y Belgrano, en manos de ENARSA, y del 44% de NASA. El paquete incluye activos que hoy se mueven con gestión estatal.
NASA, Nucleoeléctrica Argentina, tiene a cargo la operación de Atucha I, Atucha II y Embalse. El paquete nuclear no es un activo cualquiera: es energía base, estable y de largo plazo.
