La Argentina se encamina hacia una encrucijada histórica que no se parece a ninguna elección más: el período 2027-2031 puede definir la fisonomía social y productiva del país por décadas. La representación de los trabajadores organizados mira ese horizonte con preocupación, porque el dilema no es menor: o se consolida una economía que estabiliza variables en los papeles y deserta de su pueblo, o se busca una sintonía fina que use la riqueza del subsuelo para encender el desarrollo industrial y la inclusión.
Quienes defienden la continuidad del actual programa de ajuste desregulado señalan con entusiasmo los modelos de Chile, Perú y Paraguay. Argumentan que exhiben inflación bajo control, equilibrio fiscal rígido, apertura financiera y un flujo constante de Inversión Extranjera Directa. Pero esa lectura omite la letra chica: son matrices primarizadas y extractivas, concentradoras de riqueza, con segmentación en el acceso a servicios esenciales y brechas profundas de desigualdad.
Adoptar acríticamente ese rumbo implicaría resignar la histórica bandera argentina de la movilidad social ascendente. Pretender equiparar la estructura productiva local a economías de enclave supondría convertir al país en una sociedad fragmentada, donde sectores hipertecnologizados y exportadores conviven con cordones urbanos sumergidos en la informalidad y la exclusión. ¿Es ese el destino que se quiere vender como estabilidad?
Para dimensionar el problema, conviene repasar las trayectorias de los últimos 40 años entre Argentina, Chile, Perú y Paraguay. No alcanza con mirar variables promedio: hay que ver cómo se distribuye el ingreso y las oportunidades en la vida cotidiana. Ahí aparece el costo social oculto de una estabilidad que no siempre llega a todos.
En Chile, el espejismo privatizado muestra un Coeficiente de Gini superior a 0,44. Hay infraestructura moderna en sectores urbanos, pero la sociedad sufre una segmentación extrema: salud, pensiones y educación superior se rigen por la capacidad de pago individual. El endeudamiento de las familias para financiar la universidad de sus hijos o resolver una emergencia médica expone un modelo donde los derechos básicos funcionan como mercancías de mercado.
En Perú, el abismo de la informalidad convive con dos décadas de crecimiento del PBI e inflación mínima. La informalidad laboral estructural se acerca al 70%-75%. Coexisten un centro financiero de vanguardia en Lima con vastas regiones del interior andino y amazónico sumergidas en la carencia de agua potable, cloacas y salud pública elemental. La riqueza generada por la minería no logró articular un tejido social o industrial integrado.
En Paraguay, la concentración de la tierra y la renta es una de las más fuertes de la región: cerca del 85% de la superficie agrícola pertenece al 2% de los propietarios. El sistema tributario es marcadamente regresivo, con baja presión fiscal y predominio de impuestos indirectos. A la baja inflación se le suma una infraestructura sanitaria deficitaria, con solo 18% de cobertura de cloacas, y escasa inversión estatal en protección social.
En Argentina, desde 1980 a la fecha, el deterioro social dejó un aumento sistemático de la pobreza monetaria y una fragmentación laboral. El país no estuvo blindado contra las dinámicas de exclusión sudamericanas. El próximo quinquenio quedará marcado por una decisión de fondo: si se repite el patrón de exclusión o si se apuesta a un desarrollo que no deje a la mayoría afuera.
