El juicio arrancó el 30 de septiembre en Buenos Aires, lejos de la costa del río Uruguay, pero con un peso que se siente en todo el país: siete integrantes del Grupo de Tareas 3.3.2 de la ESMA, entre ellos el hijo de Emilio Eduardo Massera, están siendo juzgados por un plan de apropiación de bienes de personas secuestradas.
La fiscalía sostiene que entre 1977 y 1981 se montó una estructura para saquear viviendas, transferir propiedades con identidades falsas, administrar inmobiliarias y obligar a secuestrados a trabajar sin sueldo. Las víctimas son nueve. La acusación también señala la participación de inmobiliarias y escribanías que habrían facilitado las operaciones fraudulentas. Esas tareas incluían la refacción y el mantenimiento de inmuebles, trabajos de contabilidad y actividades vinculadas con la administración de negocios inmobiliarios.
El tribunal está a cargo del TOF 5, integrado por Adriana Palliotti, Adrián Federico Grünberg y Daniel Obligado. En representación del Ministerio Público Fiscal intervienen el fiscal Félix Pablo Crous y el auxiliar fiscal Mariano Donzelli.
Los imputados son Jorge Eduardo Acosta, conocido como ‘el Tigre’ y señalado en la causa como uno de los más violentos represores; Alberto Eduardo González, alias ‘Gato’; Jorge Carlos Radice, ‘Ruger’; Juan Carlos Rolón, ‘Niño’; Juan Antonio Azic, ‘Piraña’; Adolfo Miguel Donda Tigel, ‘Palito’; Ricardo Miguel Cavallo, ‘Sérpico’, y Eduardo Enrique Massera, abogado e hijo del exjerarca.
La causa unifica dos expedientes: ‘Chacras de Coria’ y ‘Bienes Basterra’. En el primero, la acusación ubica a Acosta como organizador de una asociación ilícita integrada también por Radice, Rolón, González y Massera. Según la fiscalía, Eduardo Enrique Massera se incorporó a comienzos de 1977 y participó de la estructura jurídica y societaria que canalizaba los bienes. La organización habría funcionado al menos hasta mediados de junio de 1981, aunque su actividad se remontaría a fines de 1976.
Uno de los hechos centrales es la apropiación de 25 hectáreas en Chacras de Coria, en Luján de Cuyo, Mendoza, que pertenecían a Cerro Largo S.A.C.I.A. Sus accionistas, Conrado Gómez, Victorio Cerutti, Horacio Palma y Omar Massera Pincolini, habían sido secuestrados en enero de 1977 y recluidos en la ESMA.
La investigación también incluye el desapoderamiento de propiedades en la ciudad de Buenos Aires y La Plata, la apropiación de 500.000 pesos en dinero y valores de Marcelo Camilo Hernández, un automóvil Chevrolet de Hugo Abraham Tarnopolsky y la biblioteca de Mercedes Inés Carazo. Además, se investiga la extorsión a personas vinculadas con Cerro Largo S.A.C.I.A.
El dato fuerte no es solo la violencia: es el negocio. La acusación señala que el secuestro de Conrado Higinio Gómez estuvo orientado a obtener beneficios económicos y que, durante su cautiverio, integrantes de la asociación lo habrían obligado, mediante intimidaciones, a entregar diez caballos de carrera pura sangre.
La próxima audiencia está prevista para el 14 de octubre, a las 10, y continuará con la lectura de las acusaciones. Una vez finalizada esa etapa, el tribunal escuchará a los imputados que quieran declarar y luego comenzarán las declaraciones testimoniales. La etapa que comenzó el 30 de septiembre no incluye todavía la palabra de los imputados.
