La reforma del Código Procesal Laboral de Entre Ríos se discute con un título grande, pero para la camarista María Gabriela López Arango es, en sus palabras, una mini reforma.
López Arango es vocal de la Sala Laboral de la Cámara de Apelaciones, vicepresidenta de la Asociación de Magistrados de Entre Ríos y de la Federación Argentina de la Magistratura. Aclaró que habló desde su lugar de trabajo y desde la aplicación diaria del código, no en nombre de la asociación, cuya comisión aún no debatió la iniciativa.
Para la magistrada, el proyecto se ciñe a conformar un cuerpo de peritos médicos y no toca el proceso laboral completo: la demanda, la contestación ni la prueba. Por eso lo definió como muy parcial.
El código vigente data de 1973 y, según recordó, ya traía oralidad. Pero la tecnología que se incorporó al fuero no aparece en ningún código, ni siquiera en el procesal civil al que se remite. Ahí aparece un problema que la reforma no resuelve: el código laboral remite a un Código Procesal Civil que hoy está derogado.
El Gobierno de Entre Ríos justificó la reforma por la alta litigiosidad laboral, al punto de ubicar a la provincia como la segunda más litigiosa del país. La UART, que valoró el proyecto, informó 2.502 juicios en 2025, con un aumento del 38%.
López Arango aclaró que no cuenta con estadísticas propias y precisó que esos números no reflejan todo el fuero. A su entender, están referidos a accidentes de trabajo, no a la litigiosidad en general. Consultada sobre quiénes son los más afectados, fue directa: “Son las ART, sí, sí, son las ART”. También señaló que quizás determinada doctrina o jurisprudencia inclina la balanza de una forma distinta a la de otras jurisdicciones, porque ese criterio depende de los jueces de cada lugar.
El núcleo de la iniciativa es un cuerpo médico independiente, con sueldo fijo, que determinará los grados de incapacidad de trabajadores y trabajadoras en accidentes y enfermedades laborales. Hoy, las pericias del fuero las hacen médicos de Tribunales, que tienen un sinfín de tareas y atienden también causas de familia y penales. Para la camarista, el proyecto busca que esos peritos se especialicen.
La discusión no es menor: mover todo el aparato legislativo para una modificación chica puede leerse como un desperdicio de oportunidades. El fuero, según la mirada de la magistrada, ve una posibilidad que se pierde. Y vos te preguntás: si tocás el código, ¿por qué no tocás el fondo?
La reforma, tal como está presentada, no toca el proceso completo. Deja afuera la modernización tecnológica y la remisión a un código procesal vigente. Y deja a los jueces con la misma tarea de siempre: aplicar un procedimiento que no incluye la tecnología que el fuero ya incorporó.
