El Código Procesal Laboral de Entre Ríos acaba de dar un paso formal hacia la reforma: el proyecto del Poder Ejecutivo tomó estado parlamentario en la Cámara de Diputados.
La sesión fue el martes 6, en la 15º sesión ordinaria del 147º Período Legislativo, presidida por Gustavo Hein. El texto fue girado a las comisiones de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento, y Trabajo.
El objetivo declarado es claro: reducir la litigiosidad, ordenar las pericias médicas y dar previsibilidad a empresas, trabajadores y aseguradoras. No es un ajuste menor: toca el corazón del sistema de justicia laboral provincial.
La primera modificación crea un Cuerpo Especializado de Profesionales Médicos dependiente del Poder Judicial, con ingreso por concurso público. La clave está en el sueldo: fijo, para que el perito no gane más o menos según el porcentaje de incapacidad o el monto de la indemnización.
El segundo cambio obliga a aplicar el baremo nacional para determinar incapacidades laborales. Hasta ahora, la ausencia de un criterio uniforme habilitaba evaluaciones dispares; ahora los profesionales deberán fundamentar técnicamente sus conclusiones dentro de ese marco común.
El tercer eje modifica los honorarios periciales. En el sistema actual, se calculan según el monto reclamado, la condena o el porcentaje de incapacidad; la reforma los fija por complejidad, calidad y utilidad, con un límite máximo de antemano.
El cuarto punto elimina la obligación de depositar previamente la condena, los intereses y las costas, o de ofrecer bienes suficientes a embargo, para que un empleador pueda apelar una sentencia laboral. La idea es asegurar el acceso a una segunda instancia sin suprimir medidas cautelares.
La Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo respaldó la iniciativa y la calificó como un “primer paso concreto y necesario”. El gobierno entrerriano apunta a un sistema con pericias independientes, reglas uniformes y menos incentivos para judicializar.
El dato que salta: según la UART, en 2025 se iniciaron 2.502 nuevos juicios por Riesgos del Trabajo en la provincia, un 25% más que el año anterior. Entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, el crecimiento llegó al 38%, la cifra más alta entre las nueve principales jurisdicciones del país.
La suba ocurre pese a que los índices de siniestralidad laboral disminuyen de manera sostenida. Es decir, el aumento de demandas no responde a un incremento real de accidentes. Ahí está el nudo: si hay menos accidentes y más juicios, el sistema está generando incentivos que conviene revisar.
La reforma no resuelve sola el problema, pero cambia las reglas del juego: peritos con sueldo fijo, baremo común y apelaciones sin barreras económicas. El debate sigue en comisiones; la pelota está en el terreno legislativo, y vos podés marcar el pulso.
