El Gobierno no quiere que el DNU 70/23 se trate en la Cámara de Diputados. La oposición convocó una sesión para el 15 de octubre para debatir el megadecreto y otras iniciativas sensibles. El objetivo oficialista, según una fuente importante del bloque de La Libertad Avanza, es “tumbar la sesión por completo”.
La discusión no es menor: si se alcanza quórum, podría votarse la medida más importante de desregulación económica de la administración de Javier Milei. En el oficialismo sostienen que tienen votos para defender el decreto, pero prefieren que ni siquiera se abra la discusión. Por eso, las negociaciones de los últimos días apuntan a desactivar la sesión antes de que el recinto la convierta en un termómetro político.
Ahí entra la Corte Suprema. El máximo tribunal convocó a dos conjueces para intervenir en el debate sobre el artículo 154 del DNU, que derogó la Ley de Tierras Rurales. La decisión surgió después de que sus cuatro integrantes no alcanzaran una postura unánime sobre una demanda ambiental que cuestiona la eliminación de restricciones para adquirir predios rurales.
El sorteo de los magistrados suplentes dejó como integrantes a Diego Barroetaveña, de la Cámara Federal de Casación Penal, y a Juan Ignacio Pérez Curci, presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza. La participación de ambos será determinante para definir la respuesta judicial al planteo de la Asociación Civil Árbol de Pie. Esa organización invocó el derecho constitucional a la protección del ambiente para impugnar el artículo 154.
El caso no pasó por la Justicia federal de Bariloche, donde fue iniciado, ni por la Cámara Federal de La Plata, que luego recibió el expediente. Llegó al máximo tribunal después de que este rechazara, la semana anterior, una cautelar presentada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas, conocido como CECIM. La Corte consideró entonces que la agrupación carecía de legitimación para promover ese reclamo.
La novedad es que existe la posibilidad de que dos de los tres jueces estén dispuestos a reconocer la legitimación de la asociación ambiental para litigar sobre ese punto. También creen que uno de los dos conjueces avalaría esa presentación. Ese escenario le daría “más aire” a los negociadores del oficialismo para hablar con los aliados y pedirles que no den quórum para la sesión del próximo 15 de octubre.
El tratamiento del expediente de Árbol de Pie sigue el régimen de procesos colectivos, que agrupa las demandas sobre una misma materia. El rechazo de la presentación del CECIM habilitó el análisis de la causa siguiente en ese orden, vinculada directamente con la derogación cuestionada. La cuestión de fondo sobre la Ley de Tierras y el decreto permanece pendiente de una definición.
En paralelo, fuentes legislativas indican que la idea no es incluir la Ley de Tierras en el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La consideran una propuesta que quedó desprovista de sentido político después del desguace que sufrió en su tratamiento en el Senado. Algunos la consideran “invotable”, aunque la alternativa no se detalla en la información disponible.
