El Día del Camino no es una fecha para tirar confeti: es un espejo incómodo. El 5 de octubre de 1925 se realizó en Buenos Aires el Primer Congreso Panamericano de Carreteras, y en 1932 se promulgó la Ley Nacional Nº 11.658, que creó la Dirección Nacional de Vialidad. Ese organismo quedó a cargo de estudiar, proyectar, construir, administrar y conservar la red vial nacional, con distribución de fondos a provincias y municipios.
La historia arranca con Justiniano Allende Posse, primer presidente de la DNV, señalado como líder del desarrollo inicial de la red. Según el relato que circula, en los primeros diez años se construyeron casi el 80 % de la actual red caminera. Se recuerda aquella etapa con menos tecnología, menos recursos y, en la nostalgia, corrupción cero, cuando el país se unió con una red de caminos pavimentados.
Hoy, la foto es otra. Según calificados especialistas, el estado de más de la mitad de la red es calamitoso, sin mantenimiento de rutina adecuado. La causa que se señala es el desvío de los fondos del impuesto a los combustibles a fines ajenos a la ley. La misma situación se repite en rutas provinciales, calles y caminos rurales municipales.
La falta de planificación integral no es un tema nuevo. El último estudio integral citado es el Plan de largo alcance de 1962, seguido por un plan más limitado en los años 90: el Plan Interprovincial EDIVIAR, elaborado por el Consejo vial federal. También se mencionan iniciativas privadas, como el Proyecto 10 del fallecido abogado Guillermo Laura.
El debate también pone el dedo en la llaga constitucional. Desde 1994 sigue pendiente el cumplimiento del artículo 42 de la Constitución Nacional, que ordena marcos regulatorios y un ente de control con participación de usuarios y provincias. Esa deuda pesa sobre los derechos de los usuarios y sobre la participación provincial.
La bronca crece con los peajes. Se denuncia la práctica de cobrar peajes inconstitucionales en rutas nacionales, provinciales e incluso municipales, donde no habría contraprestación equivalente, camino alternativo ni ley que avale su imposición. El argumento central es que el peaje tiene naturaleza tributaria y afecta a toda la sociedad. No consta una respuesta de las partes señaladas.
Un caso que enciende la discusión es la decisión del gobierno bonaerense de cobrar peajes en su Ruta Provincial N° 6. El ejemplo citado es el de los vecinos de San Vicente, que deben pagar para desplazarse dentro de su propio pueblo al tener que ir a Domselaar.
Otro frente es la provincialización de la red. Se señala que rutas nacionales fueron transferidas a provincias sin ley formal ni asignación de recursos adecuados, algo contrario al artículo 18 de la Constitución Nacional. La consecuencia señalada es que la conectividad de esas regiones queda a la Buena de Dios.
En 2018, se señala, comenzó una etapa de degradación de la red vial nacional. Se disolvió por decreto el organismo de control OCCOVI y se creó Corredores Viales S.A., calificado como un ente opaco, sin funciones y con fuerte déficit funcional. Además, se renegociaron contratos de dos autopistas nacionales del AMBA, con cuestionamientos de la Auditoría General de la Nación.
En la provincia de Buenos Aires, se menciona a AUBASA, Autopistas de Buenos Aires S.A., una empresa estatal gremial. Se denuncia que recibió sin licitación la concesión de las rutas provinciales 6, 2 y 11, y de la autopista Buenos Aires-La Plata, mediante un convenio precario. Se señala que Vialidad nacional carece de una ley nacional que lo haya aprobado.
En Córdoba, se señala fuerte rechazo al peaje de Camino de las Sierras S.A., en la Red de Accesos a Córdoba, calificado como otro negociado. Sin descargos de la empresa o de las autoridades, la denuncia queda sobre la mesa.
El Día del Camino, entonces, no es solo una efeméride. Es una advertencia: si la red vial sigue sin planificación, sin control, con peajes cuestionados y con recursos desviados, el costo lo pagan los usuarios de todas las provincias. La pregunta que queda es simple: ¿quién va a ponerle freno a esta degradación?
