En la mañana de hoy, los tribunales de Concordia volvieron a ser escenario de una Audiencia de Garantía que puso en el centro del debate al exgobernador Bordet. La defensa, a cargo del abogado Romero, insistió ante el juez Bastián con el pedido de recusación contra el fiscal Arias.
Romero volvió a plantear la recusación contra Arias, quien fue el único de los tres fiscales nombrados para investigar la denuncia de enriquecimiento ilícito contra Bordet y quedó a cargo de la causa. En esta nueva audiencia, el abogado formuló nuevas acusaciones que tienen que ver con filtraciones a la prensa y con presuntos aprietes.
No es un trámite menor: se trata de una recusación que ya fue rechazada en distintas instancias y que, ahora, vuelve a poner en tensión la investigación. La insistencia de la defensa convierte la audiencia en un escenario político, con el expediente como telón de fondo.
Entre los aprietes mencionados, Romero señaló el caso de un empleado de Carubia, uno de los personajes comprometidos en la causa como supuesto participe necesario, a quien el fiscal habría presionado para que declare contra Bordet. El dato que aportó la defensa para sostener esa versión fueron imágenes del abogado de la supuesta víctima saliendo de tribunales.
El caso también volvió a poner sobre la mesa el derecho a la información, un derecho constitucional que la Ley 27.275 extiende al Ministerio Público Fiscal como sujeto obligado. Esa norma permite a cualquier ciudadano solicitar datos estatales sin justificar interés, un punto que quedó expuesto en el debate por la falta de información pública sobre una causa que ya lleva más de dos años.
En el medio de la disputa está Amilcar García, jefe de fiscales o Procurador General, con la responsabilidad de agilizar el trabajo de los peritos para determinar si lo investigado por Arias es conducente. El tiempo transcurrido, casi dos años y medio desde el ingreso del expediente a tribunales, mantiene abierta la disputa por la falta de una resolución clara.
Mientras tanto, Bordet y su abogado siguen presentando la misma recusación que ya fue rechazada en diferentes instancias. Fuentes tribunalicias acusan al exmandatario de embarrar la cancha, y la pregunta que queda en el aire es a quién le conviene que esta causa siga cajoneada y sin una mínima resolución.
La causa sigue sin una resolución clara, con la recusación en el centro del debate y los peritos judiciales aún sin cerrar el análisis documental. El expediente, que ya acumula casi dos años y medio en tribunales, mantiene abierta la duda sobre si la denuncia contra Bordet tiene sustento o si se trata de un ataque político a un dirigente.
