La cifra pesa y no es para menos: la Policía de Entre Ríos se lleva $5.370 millones adicionales para el ejercicio 2026, con un golpe de $4.500 millones sobre una partida que arrancaba con $390 millones.
El Gobierno provincial firmó el Decreto 2848/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial, y la ampliación alcanza a la Jefatura Central de Policía, a las distintas direcciones y a las jefaturas departamentales. No es un ajuste menor: es una reescritura del presupuesto de la jurisdicción correspondiente al Ministerio de Seguridad y Justicia.
El mayor salto está en Servicios Policiales por Cuenta de Terceros, la partida vinculada al régimen de Policía Adicional, por la que se prestan servicios especiales a organismos oficiales y entidades privadas. Ahí se suman otros $800 millones para Registraciones y Verificaciones Policiales y $70 millones para Servicios Técnicos Especializados en Seguridad.
¿Qué cambia en la práctica? La ampliación se vuelca sobre una partida que, en el Presupuesto 2026 original, tenía $390 millones para todo el año. Con el decreto, esa misma línea se transforma en el punto más sensible del gasto policial y queda expuesta al escrutinio.
El pedido partió de la Jefatura de Policía y la Oficina Provincial de Presupuesto, dependiente del Ministerio de Economía, lo consideró viable. El decreto ordena incorporar los nuevos recursos al presupuesto de la jurisdicción y remitir una copia a la Legislatura provincial.
El régimen no es nuevo, pero cambió en mayo: el Gobierno estableció que los agentes no pueden realizar adicionales mientras cumplen funciones ordinarias o están de guardia. También fijó que el policía que hace el servicio recibe el 95% de lo abonado, mientras el 5% queda para mantenimiento, reparación, reposición, bienes y móviles.
Y acá entra el dato que no se puede pasar por alto: el sistema de adicionales aparece mencionado en una investigación judicial iniciada a partir de una denuncia sobre la administración de esos fondos. En mayo, el Ministerio de Seguridad informó que la causa estaba en etapa investigativa y que se había secuestrado documentación vinculada al servicio de Policía Adicional.
El decreto lleva las firmas del gobernador Rogelio Frigerio, del ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, y del ministro de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas. La ampliación no es solo un número: redefine cuánto va a poder gastar la Policía en 2026, te obliga a mirar de cerca cómo se gastan y pone sobre la mesa, otra vez, el control de los fondos especiales.
