“Años de contrato en el Estado y te obligan a empezar de cero”: esa es la paradoja que pone sobre la mesa la letrada Petit al cuestionar los concursos públicos y abiertos para ingresar a planta.
Para Petit, la exigencia constitucional garantiza libre concurrencia e idoneidad, pero el problema aparece cuando el concurso no reconoce la trayectoria de quienes ya llevan años trabajando en la administración pública.
“Al plantearse como un concurso abierto, sin un esquema de puntaje diferencial o reconocimiento explícito por la experiencia acumulada dentro del Estado provincial, la normativa pone en pie de igualdad formal a profesionales externos con aquellos trabajadores que ya conocen la dinámica, la complejidad y el día a día de la administración pública”, afirmó.
El cuestionamiento se apoya en causas judiciales por trabajadores contratados que, según el planteo, fueron desvinculados durante la actual gestión provincial. La letrada sostiene que la Justicia rechaza la estabilidad o reincorporación porque exige ingreso por concurso o acto legal.
“Lo que estoy planteando en las causas que tengo en marcha es que la estabilidad o la reincorporación de los contratados que está despidiendo el Gobierno están siendo rechazadas por la Justicia porque dice que la forma de ingresar a la administración pública es a través de concursos de oposición y antecedentes o un acto legal”, explicó.
La contradicción es dura: si el Estado nunca llamó a concurso, ¿por qué el trabajador queda en un limbo de inestabilidad hasta que llega un gobierno que no renueva su contrato a término fijo? “¿Seguís en ese limbo de inestabilidad durante toda tu vida hasta que llegue un gobierno que diga ‘este no me gusta’ y, como el contrato es a término fijo, lo termina y no lo renueva?”, cuestionó.
Durante años, el contrato formal o la locación de obra sirvieron para cubrir funciones sin dar la estabilidad de la planta permanente. Ahí aparece el nudo: una persona puede llevar una década o más en el cargo y, al reclamar, escuchar que no ingresó por concurso.
“Vos podés estar contratado 20 años y te echan. ¿Y qué te dice la Justicia? No, vos no entrás porque la única forma de entrar es a través de un concurso o de un acto legal”, señaló. Para Petit, la idoneidad no puede reducirse a un examen teórico o a los antecedentes académicos.
El caso que menciona el estudio es el de una trabajadora con diez años de contrato, que vio ingresar a planta a personas de su entorno mientras ella seguía contratada. En esa causa hay un dictamen de la fiscal de Cámara de la Justicia Contencioso Administrativa de Paraná que propone un concurso cerrado con puntaje adicional por antigüedad.
Ese antecedente sostiene el planteo frente al concurso de la UEP. La propuesta no busca eliminar la evaluación ni la selección, sino incorporar herramientas para reconocer la trayectoria de quienes ya realizan las tareas. La discusión, entonces, no es solo quién obtiene un cargo, sino qué pasa con quienes permanecieron años bajo contrato sin tener una instancia para regularizarse.
El problema no se queda en la administración provincial. Según Petit, también alcanza a los municipios entrerrianos. “En Concordia sí está reglamentado, pero hay muchas municipalidades, te diría que casi el 90% de la provincia, que no lo tienen”, afirmó.
La discusión queda instalada en el debate por la estabilidad laboral en el Estado y en la necesidad de reglamentar concursos que reconozcan la trayectoria de los trabajadores contratados.
