El Concejo volvió a entrar en una pelea que ya no se resuelve con palabras: se judicializa. Carolina Amiano, presidenta del bloque del PJ, volvió a cuestionar al Ejecutivo por destinar más de $ 260 millones mensuales a una empresa privada para la recolección de residuos en un sector de la ciudad.
Según la concejal, la licitación pública se hizo “a medida” porque la empresa que vuelve a recibir la adjudicación es VITSA. Pidió conocer los dictámenes técnicos y saber cómo se puntuaron las ofertas de las demás firmas que participaron.
La denuncia no queda en el papel: otras empresas pidieron la documentación y, según Amiano, encontraron trabas desde el Ejecutivo. Incluso una de ellas impugnó la licitación y todavía no obtuvo respuesta.
El punto más fino es otro: el pliego hablaba de erradicar microbasurales, pero el decreto de otorgamiento a VITSA valoró un compromiso de limpieza de esos microbasurales. La pregunta que quedó en el aire es si todas las empresas tuvieron la misma oportunidad de argumentar sobre ese punto.
La temperatura subió cuando Silvina Ovelar, de JxER, devolvió el golpe: “Están hablando de dar clases. Me gustaría que el concejal Mendieta me enseñe cómo comprar gas para el municipio cuando no había autos de gas”. Mendieta respondió que no necesita “clases de procedimientos”, sino “claridad en las actuaciones del Ejecutivo”.
El concejal del PJ remarcó que nunca hubo un dictamen firmado por un profesional que respaldara la declaración de emergencia ambiental que el Ejecutivo usó en marzo pasado para contratar directamente a VITSA. Esa contratación terminó en una denuncia penal.
El edil del PJ fue directo: Mendieta dijo que la causa GNC es “todas mentiras, todos inventos” y aclaró que está imputado como “partícipe necesario” por “haber firmado como secretario”. La investigación sigue en etapa de instrucción y no existe condena ni fecha de juicio oral.
En la banca, Felipe Sastre, de JxER, leyó partes de la causa con gritos y epítetos hacia la oposición: “rey de la transparencia”, “manga de irrespetuosos”. Mencionó funcionarios imputados, estaciones de servicio donde se compraba el combustible y subrayó que el fiscal sostiene que las compras se realizaban a pesar de que no existían vehículos que utilizaran ese combustible.
La viceintendenta Magdalena Reta se mantuvo en silencio, salvo una indicación a la concejal Claudia Villalba: no se puede interrumpir a los concejales cuando están hablando. Villalba, en tanto, apuntó contra la Justicia local y comparó la velocidad de la causa GNC con la inacción en la denuncia de VITSA.
Según Villalba, en la causa GNC a los cinco días se habían hecho allanamientos y se habían incautado equipos técnicos, computadoras y celulares. En cambio, la denuncia de VITSA, presentada el 12 de junio, no tuvo ninguna medida inmediata.
¿No es extraña la doble vara de la Justicia? Esa fue la pregunta que dejó en el Concejo una sesión donde la transparencia se volvió la palabra más disputada y, al mismo tiempo, la más esgrimida como escudo.
