La respuesta de Buenos Aires a Londres fue directa: el Gobierno defendió el arbitraje internacional por la explotación de hidrocarburos en el Atlántico Sur.
El jueves, la Cancillería respondió después de que Uma Kumaran convocara a la embajadora argentina en Londres, Mariana Plaza. Desde el gobierno británico, plantearon que la medida constituye un nuevo intento de “socavar los derechos y los medios de vida” de los habitantes de las islas.
El Reino Unido convocó a la embajadora para plantear su preocupación, y Buenos Aires respondió con un comunicado que defiende el procedimiento elegido. En el medio, la disputa por el Atlántico Sur vuelve a poner sobre la mesa la tensión entre la negociación política y el recurso a los tribunales.
Para Argentina, recurrir ante jueces independientes permite proteger derechos sobre recursos naturales en una zona que sigue siendo disputada. La Cancillería rechazó los cuestionamientos al procedimiento elegido y recordó que la propia Convención prevé esas vías jurídicas.
El comunicado oficial remarcó que la Resolución 2065 de la Asamblea General de la ONU invitó a Argentina y al Reino Unido a “proseguir sin demora las negociaciones a fin de encontrar una solución pacífica a la disputa”. A su vez, la Resolución 31/49 instó a ambas partes a abstenerse de adoptar decisiones que entrañaran la introducción de modificaciones unilaterales en la situación mientras dicho proceso siguiera abierto.
Acá no te podés perder el detalle: para Argentina, extraer hidrocarburos en una zona en disputa no es un acto neutro. Según el comunicado, la exploración y explotación unilateral de recursos naturales no renovables en el área en disputa constituye precisamente una modificación unilateral de ese tipo.
Desde el Gobierno argentino, subrayaron que la Argentina planteó la cuestión “de manera constante por los canales diplomáticos” y que, ante la persistente negativa británica a negociar, ahora lo hace por las vías jurídicas que la propia Convención prevé. Es decir, el reclamo no aparece como un salto improvisado, sino como el paso siguiente de una disputa que ya venía por la vía política.
También rechazó la manipulación del principio de libre determinación de los pueblos que, según el comunicado, el Reino Unido pretende imponerle y que las Naciones Unidas no han aplicado a los actuales habitantes de las islas. En el mismo tono, lamentó la insinuación de que el recurso a un procedimiento legítimo pone en tela de juicio su confiabilidad como socio.
La Cancillería sostuvo que la confiabilidad “se mide por la fidelidad a los compromisos asumidos” y que Argentina actúa en plena conformidad con un tratado en el que ambos Estados son partes. También invocó el principio fundamental de solución pacífica de controversias. El mensaje fue compartido por el canciller Pablo Quirno en su perfil de la red social X.
El Gobierno de Javier Milei fue directo: “Cabe preguntarse qué conducta refleja mejor un compromiso internacional responsable: recurrir a un tribunal internacional o desacreditar un mecanismo al que ambos Estados están obligados”. La frase cierra la respuesta oficial.
El comunicado cerró con la reafirmación de la disposición argentina a reanudar las negociaciones bilaterales sobre la Cuestión de las Islas Malvinas. La Argentina sostiene que defiende sus derechos; el Reino Unido, que la medida afecta a los habitantes de las islas.
