El Senado aprobó, en la 14ª Sesión Ordinaria, el proyecto del Poder Ejecutivo para aliviar la carga fiscal sobre comercios y pequeños contribuyentes en Entre Ríos. La iniciativa no tuvo el acompañamiento del bloque Más para Entre Ríos, que pidió ampliar el alcance del beneficio.
La medida apunta a los pequeños contribuyentes, los emprendimientos de menor escala y los comercios de cercanía, sectores que requieren instrumentos ágiles del Estado provincial. El senador Vergara respaldó la norma y reconoció que las medidas «seguramente no son las que todos deseamos», pero consideró que responden a las posibilidades del Estado en un contexto que exige sostener el equilibrio fiscal.
Entre los puntos centrales, el proyecto contempla beneficios para las categorías A, B y C del Régimen Simplificado y la posibilidad de no abonar el anticipo 12 para quienes hayan cumplido en tiempo y forma con los once anticipos anteriores. También habilita al Poder Ejecutivo a disponer medidas transitorias de alivio fiscal ante situaciones particulares.
El legislador enmarcó el paquete en una política provincial orientada a hacer menos gravosa la presencia del Estado y mencionó otras herramientas de incentivo, como el régimen de promoción de inversiones y los beneficios para la economía del conocimiento. Acá, si leés el proyecto, no es solo un alivio puntual: también se discute el lugar del Estado en la actividad comercial. La discusión tocó el nervio de cómo el Estado acompaña al comercio chico.
El bloque Más para Entre Ríos votó en contra. Víctor Sanzberro fundamentó el rechazo y sostuvo que la iniciativa debería incluir también a los prestadores de servicios, que quedan afuera de la exención de Ingresos Brutos para categorías A, B y C con actividad comercial.
Sanzberro señaló que la norma deja excluidos trabajadores como un plomero, un gasista o una peluquera y propuso extender el beneficio a las categorías D, E, F y G para contribuyentes que acrediten sobreendeudamiento, con un pago de deudas superior al 40% de sus ingresos. Además, consideró que exigir la inexistencia de deuda exigible con ATER puede dejar afuera a quienes atraviesan mayores dificultades económicas.
El senador propuso incorporar la suspensión de ejecuciones y embargos y una moratoria con quita de intereses. “La idea era no votar una ley insuficiente, sino procurar brindar un alivio real”, expresó.
En la misma sesión, obtuvo media sanción otro proyecto, de autoría del senador Gustavo Vergara y los senadores Méndez, Dal Molín y Cozzi, que considera la actividad del matarife como actividad productiva industrial. La iniciativa pasa en revisión a la Cámara de Diputados.
Vergara argumentó que la norma busca una equiparación con la legislación de provincias vecinas, como Santa Fe, al tratar la faena como una actividad de características industriales. Explicó que el matarife entrerriano adquiere hacienda directa o por consignatarios, faena a través de frigoríficos habilitados y distribuye comercialmente.
El argumento central es que la falta de simetría tributaria generaba un desbalance fiscal que provocaba que la hacienda se procesara fuera de la provincia. Con esta media sanción, el Senado le devuelve el proyecto a la Cámara de Diputados para que complete el trámite legislativo.
