La pulseada por la morosidad se metió de lleno en el Congreso nacional y el Gobierno logró un dictamen de mayoría, pero la oposición ya prepara el contraataque en el recinto. El número no cierra fácil: 32 firmas para el oficialismo y 27 para los bloques críticos.
El encuentro arrancó pasadas las 14 en un plenario de las comisiones de Finanzas y Defensa de la Competencia, ambas con mayoría libertaria. Ahí, el oficialismo consiguió el dictamen de mayoría con el apoyo de LLA, Pro y dos disidencias de la UCR.
La iniciativa oficialista pone el acento en la prevención, pero no apunta a la situación más urgente. En las antípodas, la oposición busca declarar una emergencia por 180 días y abrir un plan de desendeudamiento, regularización y alivio financiero.
El peronismo de Unión por la Patria, sectores de Provincias Unidas, Encuentro Federal y la Coalición Cívica consiguieron un dictamen de minoría con 27 firmas. Con ese respaldo, quieren presionar para llevar el debate al recinto la semana que viene y convocar una sesión especial el 7 de octubre.
Ahí entra el dato que complica al Gobierno: los bloques críticos también deslizan que podrían insistir con la prórroga de la emergencia en discapacidad. El Ejecutivo intenta dilatar ese debate hasta después del tratamiento del Presupuesto, pero la presión no afloja.
En números, la pulseada está ajustada. El peronismo logró condensar en un borrador los casi 50 proyectos que circulaban, aunque todavía necesita asegurar el aval de legisladores que pueden definir el resultado. Ese es el caso de Argentina Federal, el bloque comandado por el exgobernador de Misiones Oscar Herrera Ahuad, que se desmarcó con un dictamen propio.
La propuesta opositora apunta a que los consumidores puedan cancelar deudas contraídas con tarjetas y otros proveedores no financieros de crédito, y reemplazarlas por un refinanciamiento en condiciones menos perniciosas. Según el documento, podrían pedir el alivio directamente ante cada acreedor quienes acumulen 60 días o más de mora en créditos al consumo, o quienes, aun estando al día, destinen más del 30% de los ingresos familiares al pago.
El plan prevé una emergencia por 180 días y un plan de alivio con reestructuración de deudas mediante cuotas que no podrán superar el 30% de los ingresos. Pablo Juliano, de Provincias Unidas, explicó: “Estamos ante un dictamen que nos costó muchísimo trabajo, porque había 50 proyectos dando vuelta, pero es un régimen de regularización y de alivio financiero puntual.”
El diputado precisó: “Nosotros nos concentramos en las personas que no pueden llegar a fin de mes y no pueden hacer frente a sus necesidades básicas. No queríamos que cualquiera que esté endeudado entre en el régimen por eso ponemos el tope de las canastas.” El tope, según el texto, sería dos canastas básicas totales.
En LLA, un sector se desvelaba para lidiar con la crisis en discapacidad y contener a los aliados, mientras otro, a cargo de la diputada Silvana Giudici, terminó de delinear un borrador que no incluye en su abordaje la cuestión del desendeudamiento, mucho menos un refinanciamiento por parte de los bancos. La disputa, entonces, no es solo técnica: es política, y el 7 de octubre puede convertirse en la próxima línea de fuego.
