La recolección de residuos volvió a estar en el centro de la polémica por la adjudicación a la firma cordobesa VITSA. La empresa ASHIRA S.A., que participó de la Licitación Pública Nº 47/2026, presentó un recurso de revocatoria contra el Decreto Nº 854/2026 y reclamó dejar sin efecto la adjudicación, suspender sus efectos y hacer una nueva evaluación de las ofertas admisibles.
El escrito, presentado el viernes 25 de septiembre por el apoderado Ernesto Omar Ittermann Di Zeo, no es un simple reclamo de trámite. Antes, el 21 de septiembre, ASHIRA había pedido vista y copias digitales del expediente y reservado su derecho a impugnar. La firma sostiene que el decreto no permite reconstruir cómo se llegó al resultado de la licitación porque no informa los puntajes obtenidos por cada empresa en los distintos rubros de la matriz de evaluación.
El punto fino está en la matriz de 100 puntos: 40 puntos para la oferta económica y 60 puntos para el aspecto técnico y operativo. Ese bloque técnico se dividía en cuatro categorías de 15 puntos: antigüedad de los camiones compactadores, unidades adicionales, experiencia previa y plan operativo y de contingencias.
El problema que señala ASHIRA es que el Decreto Nº 854/2026 se limita a indicar que VITSA obtuvo el mayor puntaje. No detalla cuánto recibió cada oferente en esos cuatro rubros ni permite reconstruir, a partir de la información notificada, cómo se formó el orden de mérito. Ahí aparece la pregunta incómoda: si la matriz era cerrada, ¿dónde quedaron los números?
En el plano económico, la diferencia también pesa. ASHIRA cotizó $289.034.000 mensuales, mientras que VITSA ofertó $268 millones. La diferencia es de $21.034.000 por mes y de $1.009.632.000 durante los 48 meses iniciales del contrato, tomando valores nominales y sin computar actualizaciones previstas en el pliego.
Pero el planteo no se queda ahí. ASHIRA pone el foco sobre Bodegas y Viñedos Santa Elena SRL, cuya cotización, según surge de la propia impugnación, fue de $267.700.000 mensuales. Es decir, esa oferta económica sería inferior a la de VITSA, y el propio decreto, según sostiene la empresa, reconoce que Santa Elena cumplió con la intimación formulada por la Comisión.
La impugnación no afirma que el menor precio obligara automáticamente a adjudicarle el servicio a Santa Elena. Lo que reclama es que el Municipio explique por qué VITSA fue seleccionada por sobre una oferta de menor precio. Si esa oferta permaneció admisible, la Administración debe exhibir el análisis técnico que permita justificar que la propuesta de VITSA era más conveniente para el Estado pese a costar más.
Según los cálculos incorporados por ASHIRA, la diferencia económica entre VITSA y su propia oferta representa aproximadamente 2,91 puntos dentro del componente económico. Por eso, la firma sostiene que para explicar el resultado es indispensable conocer en detalle cómo fueron asignados los restantes 60 puntos técnicos.
La situación de ASHIRA debe diferenciarse de la de CIMS, la empresa de Colón que también había participado del proceso como interesada y potencial oferente. CIMS realizó aproximadamente cien consultas sobre el pliego e impugnó el llamado antes de la apertura, pero finalmente decidió no presentar una oferta. La firma sostuvo que esa decisión estuvo relacionada con las condiciones e indefiniciones que había cuestionado previamente.
El recurso de revocatoria quedó presentado y el planteo apunta a que el Municipio explique la matriz de evaluación, los puntajes y el orden de mérito de la licitación. En el escrito no consta la respuesta de la otra parte, y el contrato con VITSA queda en la cuerda floja hasta que se defina la impugnación.
