En la Corte Suprema, el máximo tribunal le puso el piso a la pelea por la jurisdicción: Edgardo Kueider no va a ser investigado solo por San Isidro. La definición llega después de que la magistrada federal Arroyo Salgado pidiera al juez de Concordia Ives Bastián que dejara las pesquisas y le remitiera las actuaciones. Bastián se negó, y el conflicto escaló hasta el único superior común que tienen ambos juzgados por pertenecer a jurisdicciones distintas.
El decisorio de Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz es breve y directo: “De conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General de la Nación interino, corresponde rechazar el planteo de inhibición formulado por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional n° 1 de San Isidro, lo que así se dispone. Hágase saber al Juzgado de Garantías n° 2 de Concordia, Provincia de Entre Ríos”. Con eso, el fallo dejó en pie la pesquisa local y la federal.
La Corte tomó como propio el razonamiento de Eduardo Casal, jefe de los fiscales federales, cuando emitió su opinión. Para el procurador, la investigación de hechos en San Isidro no cierra la puerta a otros que se analicen en Concordia. “No es un planteo prematuro de inhibitoria el remedio adecuado”, había razonado. Ese argumento fue el que terminó de inclinar la balanza.
El exsenador tiene una historia judicial que complica el panorama. Arroyo Salgado fue quien pidió a Paraguay la extradición de Kueider, y las autoridades del vecino país dieron luz verde. La única condición fue que termine de rendir cuentas con la Justicia paraguaya. Allí tiene una condena por tentativa de contrabando y una causa en trámite por lavado.
El foco de la pesquisa federal arranca en el caso Securitas, donde se investigan sobornos pagados por la empresa de seguridad privada a organismos públicos para quedarse con contratos. Uno de esos organismos es Enersa, la estatal eléctrica de Entre Ríos, donde Kueider ejerció como representante de las acciones del Poder Ejecutivo. A eso se sumó una denuncia presentada en el despacho federal, basada en datos publicados en el sitio El Disenso sobre la declaración jurada patrimonial de Kueider como senador.
La magistrada unió ambos extremos y abrió otro expediente. Cuando avanzó, se enteró de la pesquisa que ya había iniciado en Concordia Ives Bastián, junto al fiscal José Arias. Con los mismos datos de El Disenso, en la justicia local están escrutando al exsenador por su actividad desde 1999, cuando asumió como concejal de la ciudad. Acá está el nudo: dos juzgados, una misma persona, y un mismo patrimonio bajo la lupa.
Casal sopesó qué tenía bajo la lupa Arroyo Salgado y entendió “comprensible” la inquietud por el riesgo de doble juzgamiento. Pero cargó sobre Bastián, en su rol de juez de garantías, la responsabilidad de evitar el doble juzgamiento de Kueider. En el marco teórico de la magistrada federal, el enriquecimiento ilícito sería una figura subsidiaria, desplazada si se logra una condena por el delito que habría producido el aumento patrimonial. Aun así, el remedio de inhibición no era el camino.
Con el aval de la Corte, Arroyo Salgado puede seguir avanzando en su juzgado. Cuando el exsenador sea enviado desde Paraguay a la Argentina, deberá comparecer ante su juzgado federal. La investigación entrerriana, en tanto, no se detiene: queda en Concordia la tarea de ordenar las piezas sin pisar el terreno de la otra justicia.
