Más de 120 trabajadores de Gualeguaychú todavía esperan el pago de sus indemnizaciones completas. Los cesanteados de Uniónbat y Laboratorios Pyam siguen sin recibir el total que les corresponde. La espera se estira en un contexto de concurso preventivo y de una denuncia gremial que enciende la polémica.
El dato es duro: no se trata de un caso aislado, sino de más de 120 despedidos que necesitan cobrar para cerrar un capítulo que les cambió la vida. Cada día sin el dinero completo es un día más de incertidumbre, de cuentas apretadas y de familias que intentan sostener el presente. La pregunta no es menor: ¿hasta cuándo vas a tener que esperar?
Las empresas avanzaron con concursos preventivos, un camino que suele alargar el trámite. Para los trabajadores, el mecanismo no borra la urgencia: la indemnización no es un lujo, es el piso de un despido. Y cuando el pago no llega completo, el piso se vuelve una trampa para quien tiene que vivir.
El sindicato denunció una presunta maniobra de vaciamiento y fraude laboral. Esa acusación no se puede convertir en hecho consumado: es una denuncia, una señal de alerta, un reclamo que debe ser chequeado y resuelto en la vía correspondiente. Pero tampoco puede dejarse en el aire, porque detrás de cada término jurídico hay personas concretas que perdieron el empleo y no cobraron.
En Gualeguaychú, el tema se vuelve caliente porque toca el nervio del trabajo, de la salud, de la estabilidad y de la confianza en las reglas del juego. Cuando una empresa entra en concurso, la comunidad mira de cerca si los derechos de los empleados quedan protegidos o si se pierden en el camino. La presión social y la presión legal deben caminar juntas.
La otra parte no dio su versión en el relato de la denuncia. Eso no significa culpabilidad, pero sí obliga a que la respuesta llegue con claridad, con plazos y con soluciones. Los trabajadores no pueden pagar el costo de una disputa que no eligieron. Y el trámite, si avanza, no puede demorar lo indecible.
El caso de Uniónbat y Laboratorios Pyam deja una advertencia para la provincia: los derechos laborales no se negocian con la paciencia de los empleados. Si hay una maniobra, hay que demostrarla; si hay un pago pendiente, hay que cobrarlo. Lo mínimo es que los más de 120 despedidos reciban lo que les corresponde, sin que la espera se vuelva castigo.
