El STJER no ordenó volver al sistema anterior de desayunos y meriendas escolares. Pero sí le puso un piso más duro a la Provincia: la obligación no se agota en sacar productos con sellos de advertencia.
El Superior Tribunal de Justicia se expidió este jueves sobre el amparo presentado por un grupo de padres, Agmer y la Fundación Cauce contra el nuevo esquema alimentario. Hizo lugar parcialmente a la apelación y precisó el alcance de la sentencia del 21 de agosto.
La clave está en la Ley Provincial 10.594: el tribunal sostuvo que la Provincia debe adecuar la prestación alimentaria a los estándares de alimentación saludable, no solo excluir etiquetas. Eso obliga a mirar la composición nutricional y el cumplimiento efectivo de la norma.
Pero el fallo no toma el timón. Deja al Poder Ejecutivo la definición de los medios técnicos y organizativos para llegar a esos estándares, sin reemplazar las facultades de la administración. En otras palabras: el Estado tiene que garantizar, pero el Gobierno sigue eligiendo cómo hacerlo.
Ahí aparece el punto más sensible para el debate político: si el Ejecutivo no logra demostrar que el nuevo sistema cumple la ley, la pelea puede volver a los tribunales. El STJ fue claro: cualquier controversia futura por incumplimiento concreto se tratará en la etapa de ejecución de sentencia.
El tribunal también rechazó otros pedidos de los amparistas. No ordenó en este proceso presentar los menús completos ni acreditar de forma genérica y anticipada todos los estándares invocados. Esa puerta queda abierta, pero no se abre de golpe: primero debe existir un incumplimiento concreto.
El punto es que el fallo no convierte el menú en un trámite burocrático. Si la Provincia solo quita productos con sellos y deja pasar una merienda que no cumpla la ley, el tribunal ya anticipó que eso no alcanza. La pregunta incómoda es simple: ¿el plato que llega al comedor escolar cumple la ley?
Tampoco hay que leer el fallo como una derrota total del Ejecutivo. El máximo tribunal dejó a salvo las facultades del Gobierno para definir los mecanismos concretos de la política alimentaria escolar. Eso le da margen, pero también le pone un reloj: la garantía de alimentación saludable no puede quedar en promesas.
La disputa no es menor. Está en el corazón de la política pública: el Estado organiza el servicio alimentario escolar y debe cumplir el estándar que fija la ley. Si el nuevo sistema funciona, el fallo no lo tumba. Si no funciona, el tribunal ya marcó dónde se discute: en la ejecución, con hechos y no con etiquetas.
El cierre es informativo y deja la cancha lista: si vos mirás el fallo, no hay regreso automático al sistema anterior, pero sí una obligación reforzada para la Provincia. La próxima pelea no va a ser por volver atrás, sino por demostrar que el nuevo esquema de desayunos y meriendas escolares cumple la ley.
