El oficialismo apura el reloj: La Libertad Avanza le puso fecha al debate del proyecto por Malvinas en Diputados, y la discusión arranca el miércoles que viene. El texto, enviado por el Ejecutivo tras la cadena nacional de Javier Milei, ingresó al Congreso a mitad de mes y ya quedó en tres comisiones.
Las comisiones son Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores, presididas por los libertarios Carlos Zapata, Laura Rodríguez Machada y Juliana Santillán. La idea es que acudan funcionarios del Ejecutivo del área de Cancillería, Defensa y Justicia a explicar y defender la iniciativa.
Los más optimistas pretenden que haya una segunda jornada de discusión el 6 de octubre y que se firme el dictamen para votar en la hipotética sesión del 7 de octubre. En esa misma sesión también se aprobaría el nuevo proyecto de Discapacidad y el de Endeudamiento, que recibirá de comisiones este martes.
Sin embargo, el proyecto ya recibió rechazos en puntos concretos, como el artículo 111, que modifica el Código Penal y establece penas de 5 a 12 años de prisión para quienes, por cuenta o financiamiento de un Estado, organización o agente extranjero, intenten interferir en procesos electorales mediante campañas coordinadas de desinformación. También alcanza a quienes promuevan o financien actos de violencia o sabotaje contra el Estado o la población argentina.
Pablo Juliano, radical, lo resumió con dureza días atrás: “El presidente que acusó a buena parte de la prensa argentina de recibir dinero de Rusia para montar campañas de desprestigio contra el gobierno quiere una herramienta para poder acusar penalmente a cualquiera de querer desestabilizarlo. Esto es muy peligroso”. La frase muestra que el debate no se juega solo en Malvinas, sino en el uso político del aparato penal.
Otro punto frágil son los articulados que, según el MID, equivales a otorgarle facultades extraordinarias al Ejecutivo y representan una pérdida de atribuciones para el Parlamento. Desde ese espacio apuntaron: “La existencia de procedimientos operativos para responder a amenazas concretas no debería confundirse con una habilitación general para desplazar las atribuciones que la Constitución le reserva al Congreso en su artículo 75”.
Eduardo Valdés, de Unión por la Patria, fue más directo: “El proyecto está más hecho para la represión interna que para recuperar Malvinas”. Esa lectura complica el relato oficial y le da un nuevo frente de pelea al debate.
El texto deroga la actual Ley 26.659, sancionada en 2011, y establece un nuevo régimen de sanciones cuyo alcance se amplía más allá de la actividad hidrocarburífera. Abarca cualquier actividad destinada al aprovechamiento de recursos renovables o no renovables que se realice sin autorización argentina, lo que potencialmente incluye también la actividad pesquera.
El proyecto amplía las prohibiciones a personas y empresas que faciliten o participen en actividades no autorizadas, e incluye determinadas reorganizaciones societarias destinadas a eludir sanciones. Establece un régimen de penalizaciones que contempla multas, inhabilitaciones, pérdida de permisos y beneficios, resolución de contratos y sanciones penales.
También crea un mecanismo para que quienes actualmente desarrollen actividades prohibidas puedan desistir y regularizar su situación mediante el pago de una suma o la reconversión de inversiones. La autoridad de aplicación será designada por el Poder Ejecutivo.
La iniciativa también crea un nuevo sistema de seguridad nacional y un Consejo de Seguridad Nacional, encabezado por el Presidente e integrado por funcionarios de distintas áreas. El concepto de seguridad incorpora cuestiones vinculadas con soberanía, economía, relaciones exteriores, inteligencia, infraestructura y ciberespacio, entre otras.
Con el debate en marcha, el proyecto por Malvinas se convirtió en una prueba de fuego para el oficialismo: entre la soberanía, el aparato penal y la seguridad nacional, cada artículo puede volver a poner en el centro la disputa por los límites del poder. La semana que viene, la discusión deja de ser solo de comisiones y se instala en el recinto.
