Cinco días de arresto o el pago de 282.550 pesos: así terminó, en Formosa, una salida a grabar entrevistas en la vía pública. La decisión la tomó el juez de Paz de Menor Cuantía de Las Lomitas, Omar Padilla, y disparó una nueva polémica sobre libertad de prensa en la provincia norteña.
Según el fallo, Lautaro Guillamondegui, Micaela Urdinez, Joaquín Rajadel y Javier Corbalán, de La Nación, habrían violado el artículo 73 del Código de Faltas de Formosa. La imputación se basa en que grabaron imágenes en la vía pública sin autorización previa ni carnet para ejercer el periodismo.
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas condenó la medida y advirtió: “En la Argentina no se necesita licencia ni autorización estatal para ser periodista”. Para el gremio, la sentencia criminaliza a quienes desarrollaban una tarea informativa y cuestiona la libertad de prensa.
El caso se instala en medio de otra polémica en la provincia: un video mostró a una referente de la gobernación preguntando a niños de una escuela primaria quién les había dado los guardapolvos y, ante el silencio, respondió que “Gildo Insfrán, por supuesto”. El gobernador, que ejerce hace más de 30 años ininterrumpidos el poder, buscaba otra reelección que la Corte Suprema nacional desestimó.
El currículum de Omar Padilla también quedó en la discusión: ocupó una banca como concejal, fue dirigente justicialista de Las Lomitas y, antes de ser designado juez de Paz, defendió públicamente al gobernador. Años atrás, el magistrado arengaba: “Nosotros tenemos quien nos indica el camino a tomar y que por muchos años lo ha hecho bien, y es nuestro gobernador”.
En marzo de 2025, el Superior Tribunal de Justicia de Formosa lo nombró juez de Paz de Menor Cuantía y justificó que reunía el perfil necesario para desempeñarse con “eficiencia, prudencia y dedicación”. En 2014, ese mismo tribunal lo había excluido de la nómina de conjueces por incompatibilidad con su banca como concejal.
La entidad periodística sostuvo que cualquier restricción al ejercicio del periodismo debe ser compatible con las garantías constitucionales y convencionales. Y fue más allá: rechaza una sentencia que exige una matrícula para ejercer el periodismo, algo que, en su lectura, no existe en la Argentina.
El caso quedó en la agenda pública porque se te hace difícil separar una sanción contravencional, la tarea periodística y el contexto político de Formosa. La discusión ahora se centra en el alcance de la medida y en las garantías que protegen el ejercicio del periodismo. La entidad gremial ya advirtió que no se necesita licencia, matrícula ni autorización estatal para ser periodista.
