El conflicto en las universidades públicas no da tregua. Los docentes universitarios llevan adelante su segunda jornada de paro en rechazo a la propuesta salarial del Gobierno nacional, que insiste con un aumento del 3% que ya había sido rechazado de plano por todos los gremios del sector.
En Entre Ríos, la Asociación Gremial de Docentes Universitarios (AGDU) se sumó a la medida de fuerza y fue directa en su diagnóstico: ese porcentaje no alcanza para cubrir ni una fracción de lo que se perdió. Según los números que maneja el propio gremio, el atraso salarial acumulado llega al 33,4%, lo que equivale a una deuda de aproximadamente cuatro salarios. No es una cifra menor ni una estimación caprichosa: es la brecha entre lo que cobran y lo que deberían cobrar.
El reclamo va más allá del bolsillo. AGDU también cuestiona que la oferta oficial incumple la Ley de Financiamiento Universitario, la norma que fija los pisos mínimos para sostener el sistema. Y a eso se suma otro frente: los recursos para que las universidades funcionen. Los docentes exigen garantías concretas para docencia, investigación, extensión, becas estudiantiles y hospitales universitarios. Sin esos fondos, la discusión salarial es solo una parte del problema.
La protesta no es un episodio aislado. El Frente Sindical de Universidades Nacionales ya tiene en agenda una nueva marcha universitaria para el 15 de octubre, con movilizaciones en todo el país. El plan de lucha sigue su curso y, mientras el Gobierno no mejore su propuesta, la tensión en el sistema universitario público no tiene fecha de resolución.
