Una sola oficial con ojo afinado puso en marcha una investigación que terminó sacudiendo a la Armada Argentina: lo que empezó como la detección de cinco suplementos salariales sin justificación derivó en un escándalo de proporciones millonarias.
Según trascendió, una teniente advirtió las anomalías en los haberes y dio aviso a sus superiores. La revisión posterior fue contundente: se identificaron 645 acreditaciones indebidas que totalizan casi $981 millones de pesos. No es un error administrativo menor ni un descuido de planilla. Es plata que salió, que alguien cobró, y que no tenía razón de estar ahí.
La fuerza no se quedó quieta. La Armada presentó una denuncia penal ante la Justicia y, en paralelo, abrió actuaciones disciplinarias contra diez militares presuntamente involucrados en el esquema de pagos irregulares. El proceso judicial y el interno corren por carriles separados, pero apuntan al mismo nudo.
El caso pone sobre la mesa una pregunta incómoda: si una teniente pudo detectar el desvío con una revisión de sus propios suplementos, ¿qué estaban mirando los controles institucionales todo este tiempo? Los sistemas de auditoría interna de las fuerzas armadas quedaron, al menos, en entredicho.
La investigación penal está en curso y el número de implicados podría crecer a medida que avance el análisis de las acreditaciones. Los diez militares bajo actuación disciplinaria enfrentan un proceso que puede derivar en sanciones internas y, dependiendo de lo que determine la Justicia, en consecuencias penales de mayor gravedad.
