Sin fanfarrias pero con peso real: Entre Ríos acaba de poner en vigencia un nuevo marco legal que va a cambiar la manera en que las actividades productivas se relacionan con el ambiente. La reglamentación de la Ley 11.250 no es un trámite más en el boletín oficial: es una reforma estructural que toca directamente a productores, empresas y organismos de control en toda la provincia.
El nuevo régimen ambiental para actividades productivas tiene tres ejes centrales. Primero, la unificación de trámites: se termina con la dispersión de expedientes y ventanillas que históricamente hizo perder tiempo y plata a quienes necesitaban habilitaciones ambientales. Segundo, la incorporación de herramientas digitales, lo que en la práctica significa menos papel, menos burocracia y más trazabilidad. Tercero, y quizás lo más relevante para el control efectivo, el establecimiento de nuevos mecanismos de evaluación y fiscalización ambiental.
La pregunta que queda flotando es si la letra de la ley va a tener correlato en la realidad. Entre Ríos tiene una historia larga de normativas ambientales que se quedaron en el papel por falta de recursos humanos, presupuesto o voluntad política para aplicarlas. Esta vez, la digitalización del proceso podría ser la diferencia: cuando los trámites quedan registrados en sistemas, es más difícil que se pierdan en un cajón.
El sector productivo entrerriano, que incluye desde la citricultura y los arándanos del noreste hasta la ganadería y la agricultura del centro y sur provincial, deberá adaptarse a los nuevos procedimientos. La norma aplica a todas las actividades con impacto ambiental, lo que en una provincia con la matriz productiva de Entre Ríos es prácticamente transversal.
La reglamentación de la Ley 11.250 representa un paso concreto en la modernización del sistema de gestión ambiental provincial, y su implementación efectiva dependerá de la capacidad del Estado entrerriano para sostener los controles en el tiempo.
