Un número pequeño con consecuencias enormes. 0,85 por ciento: esa es la proporción que habría recibido el Grupo Austral de Lázaro Báez del total de fondos distribuidos por Vialidad Nacional entre 2009 y 2015, según una planilla oficial presentada esta semana por el equipo de defensa de Cristina Fernández de Kirchner. El dato, si se sostiene, hace agua la hipótesis central sobre la que se construyó la condena.
El documento en cuestión no lo aportó la defensa de la nada: lo exhibió en el juicio Cuadernos un testigo de la propia fiscalía, Darío Andrés Levy, exempleado del departamento de Presupuestos de Vialidad Nacional. La planilla Excel registraba los pagos a constructoras de todo el país en base al decreto 54/09. Un equipo de economistas brasileños encabezado por Antonio Correa de Lacerda procesó los datos y llegó a una conclusión que incomoda: Báez cobró 18 millones de dólares en seis años, sobre un total de 2.200 millones de dólares repartidos. No figuraba entre las 20 empresas que más percibieron.
Para ponerlo en perspectiva: según el planteo de la defensa, el primo de Mauricio Macri habría recibido 360 millones de dólares del mismo fondo. El argumento de que CFK diseñó un esquema para beneficiar a Báez choca, entonces, con una pregunta incómoda: ¿qué clase de favor es quedarse con menos del uno por ciento mientras otro se lleva dieciséis veces más?
Los abogados Carlos Beraldi, el brasileño Rafael Valim y el español Javier Borrego presentaron el hallazgo en conferencia de prensa y lo incorporaron al planteo ante Naciones Unidas. Valim, que participó de la defensa de Lula da Silva en Brasil, sostuvo que los datos muestran una contradicción directa entre la acusación y la información oficial de Vialidad.
El contexto del caso tampoco favorece la narrativa original. La causa Vialidad arrancó con acusaciones gruesas: rutas que no iban a ningún lado, tramos nunca ejecutados, asignación desproporcionada de obras a Santa Cruz. Todas esas imputaciones se cayeron durante el juicio. Lo que sobrevivió fue la acusación de administración fraudulenta del fondo habilitado por el decreto 54, un decreto que, vale aclararlo, sigue vigente hoy y que durante el gobierno de Javier Milei y Luis Caputo fue utilizado sin que se construyera una sola ruta. En el gobierno de Macri, los mismos fondos sirvieron para pagar a empresas del sector con las que el kirchnerismo no tenía ninguna afinidad.
La defensa siempre señaló además que el fondo no lo administró el Poder Ejecutivo sino Vialidad Nacional como ente autónomo, y que en tres años de juicio no hubo un solo testigo ni funcionario que declarara que CFK hubiera dado instrucciones sobre un pago concreto. La nueva prueba refuerza ese planteo y abre una discusión que, tarde o temprano, tendrá que resolverse en los tribunales o en los organismos internacionales donde la defensa lleva el caso.
