La producción industrial argentina cayó 4,9% en julio respecto del mismo mes de 2025, y 12 de los 16 sectores del Índice de Producción Industrial del INDEC registraron bajas interanuales. Solo la refinación de petróleo mostró una suba mensual. Con ese telón de fondo, la Junta Directiva de la Unión Industrial Argentina (UIA) se reunió para analizar la coyuntura y trazar un diagnóstico que no deja mucho margen para el optimismo.
El resultado concreto de esa reunión fue un documento técnico enviado a la Subsecretaría PyME con un paquete de propuestas para aliviar la presión sobre las pequeñas y medianas empresas. Las medidas incluyen la suspensión de embargos por 180 días, la migración entre planes de pago, la reducción de la tasa de financiación ARCA para pymes, el diferimiento de vencimientos de IVA para actividades estacionales, la anualización de cargas sociales y la postergación de contribuciones patronales para economías regionales. También se pide agilizar la devolución de saldos a favor de impuestos nacionales. El diagnóstico de fondo es contundente: la presión fiscal formal en Argentina es del 56%, un récord a nivel mundial, en un sector que produce bienes que compiten directamente con mercados donde esa carga es significativamente menor.
Otro frente caliente es el costo energético. Los usuarios categorizados como GUDI (Grandes Usuarios de la Distribuidora) recibieron facturas con incrementos de entre el 90% y el 100% en el costo básico, lo que en la práctica casi triplicó el valor de dos meses atrás. En ese contexto, la UIA destacó la iniciativa conjunta de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba para avanzar en un esquema de financiamiento de los cargos estabilizados del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). La propuesta al gobierno nacional apunta a establecer cuotas para afrontar las facturas y prorratear los vencimientos, una salida que la Región Centro impulsó luego de los planteos de la UIA junto a las uniones industriales territoriales.
En materia de crédito, el panorama tampoco es alentador. La carga tributaria sobre la intermediación financiera —IVA nacional, Ingresos Brutos, Sellos provinciales y tasas municipales— eleva en promedio más de 18% el costo financiero del crédito productivo: una TNA de referencia del 35% termina siendo un CFT del 41,4%, es decir, 6,4 puntos porcentuales adicionales que no financian inversión sino burocracia impositiva. A eso se suma que los encajes sobre depósitos a la vista rondan el 45%, muy por encima del 21% de Brasil y el 9% de Chile, lo que limita la capacidad de los bancos para expandir el crédito. El resultado es que el crédito bancario en Argentina representa apenas el 12% del PBI, frente a un promedio regional cercano al 60%.
La UIA propone eliminar por completo los impuestos en operaciones de refinanciación de pasivos y limitar la carga tributaria sobre el crédito productivo. Son medidas que, en un contexto de baja profundidad crediticia y elevada morosidad empresarial, podrían marcar la diferencia entre sostener una pyme o cerrarla.
