El Gobierno nacional dio un paso concreto en la disputa por la soberanía de las Islas Malvinas: envió al Congreso un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que endurece de manera significativa las sanciones contra quienes exploten recursos naturales en el archipiélago sin autorización argentina. La iniciativa llega en respuesta directa al inicio del proyecto Sea Lion, impulsado por dos petroleras extranjeras en territorio que Argentina reclama como propio.
La propuesta fue firmada por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli, el canciller Pablo Quirno y los ministros Carlos Presti (Defensa) y Luis Caputo (Economía). El texto deroga la Ley N° 26.659, vigente desde 2011, que solo alcanzaba actividades hidrocarburíferas. El nuevo régimen va mucho más lejos: cubre toda explotación de recursos naturales, renovables o no, en Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y la Plataforma Continental Argentina.
Las cifras del proyecto son contundentes. La exploración o explotación de recursos no renovables sin habilitación tendría penas de 12 a 20 años de prisión. Para la extracción, transporte o almacenamiento de hidrocarburos, la condena prevista sube a entre 15 y 20 años, con multas de hasta 3 millones de barriles de petróleo. Las empresas proveedoras que suministren bienes o servicios esenciales a esas actividades, a sabiendas de su destino, enfrentarían penas de cinco a siete años.
Las sanciones no se limitan a personas físicas. Las sociedades involucradas podrían sufrir la revocación de habilitaciones, suspensión de actividades por hasta 30 años, imposibilidad de contratar con el Estado y, en los casos más graves, su disolución o liquidación. Una empresa inhabilitada no podría desarrollar actividades económicas en el país durante el plazo de la sanción, perdería permisos, beneficios impositivos y contratos vigentes con el Estado argentino.
El proyecto también contempla una salida para quienes decidan dar marcha atrás. A través de un Régimen de Desistimiento y Regularización, los infractores que abandonen las prácticas cuestionadas podrán solicitar su ingreso, pagar multas o comprometer inversiones en actividades legales dentro de Argentina. Si cumplen las condiciones, se archivarán las actuaciones administrativas y se extinguirá la acción penal, salvo sentencia firme o reincidencia.
El segundo eje de la iniciativa es la creación del Sistema de Seguridad Nacional, que reuniría funciones diplomáticas, económicas, cibernéticas, jurídicas, de defensa, inteligencia y protección de infraestructuras críticas. Su órgano rector sería el Consejo de Seguridad Nacional, presidido por Milei e integrado de forma permanente por el jefe de Gabinete y los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, entre otros. El proyecto ahora deberá recorrer el camino legislativo en ambas cámaras del Congreso.
