La pelea entre el Gobierno nacional y los rectores universitarios tiene nombre y apellido matemático: $11 billones piden las casas de altos estudios para funcionar en 2027, y $7,3 billones es lo que el Ejecutivo envió al Congreso. Una brecha del 33% que, lejos de achicarse, se profundiza semana a semana.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) presentó este miércoles ante diputados y senadores su estimación presupuestaria para las 60 universidades públicas del país. El número incluye lo que los rectores consideran el cumplimiento pleno de la Ley de Financiamiento Universitario, esa norma que el Congreso refrendó y que Javier Milei vetó en su momento antes de que la Justicia interviniera con una cautelar.
Desde el oficialismo, la respuesta fue previsible: el cálculo del CIN es “injustificado” porque incorporaría la interpretación sindical de los aumentos y la vigencia total de la ley, cuando la cautelar judicial solo habilitó ajustes en becas y salarios. Incluso se animaron a decir que, con el 3% de aumento salarial de octubre, están por encima de lo que ordena el fallo. Una audacia que los rectores rechazan de plano.
Franco Bartolacci, presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de Rosario, no escondió la preocupación: “Si no logramos que el Congreso introduzca modificaciones al proyecto de Presupuesto 2027, vamos a tener serias dificultades para empezar a dar clases el año que viene”. Una advertencia que no es retórica: es una proyección concreta sobre el funcionamiento de las universidades.
El conflicto también tiene su capítulo judicial. El juez en lo Contencioso Administrativo Martín Cormick dictó en diciembre una cautelar que ordenó al Ejecutivo cumplir con los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795. El 1 de septiembre, el mismo magistrado denegó el pedido del Gobierno de levantar esa medida y ratificó su vigencia. Los rectores, además, presentaron un pronto despacho porque aseguran que la cautelar “está firme y no se cumple”, y reclaman multas e incluso intimación penal por desobediencia a los funcionarios.
El Gobierno, por su parte, sostiene que los abogados de Capital Humano y la Procuración del Tesoro demostraron que los números actuales van camino de cumplir la ley, apoyándose en la paritaria de junio que otorgó un 21,3% de aumento más el 3% de octubre. Las universidades responden que eso cubre solo una parte y que aún adeudan una recomposición del 31,2%. Dos cálculos, dos mundos.
En el fondo, el Ejecutivo reduce el problema a una disputa salarial, señalando que ese rubro se lleva casi el 90% del presupuesto universitario, y acusa a algunos rectores de actuar como sindicalistas o bajo influencia de la izquierda. Los rectores, en cambio, advierten que sin una corrección en el Congreso, el inicio del ciclo lectivo 2027 podría estar comprometido. Las próximas semanas, con el debate presupuestario en curso y el expediente judicial avanzando, definirán si hay margen para un acuerdo o si el conflicto escala a un nivel que afecte directamente a los estudiantes.
