El conflicto por las regalías de la represa Los Nihuiles, sobre el río Atuel, entró en su fase judicial. Este lunes, la provincia de La Pampa presentó una medida cautelar ante el juzgado federal de Santa Rosa para pedir la suspensión inmediata del decreto 982/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo, que le otorga a Mendoza el cien por ciento de las regalías de esa represa.
Hasta el viernes pasado, esas regalías se repartían en partes iguales entre ambas provincias. El decreto de Milei eliminó el decreto N° 1560/73 del ex dictador Alejandro Agustín Lanusse, que había establecido ese reparto igualitario al reconocer el carácter interjurisdiccional del río Atuel. Con el nuevo texto presidencial, todo el flujo de regalías pasa a manos mendocinas. Y como si fuera poco, el gobierno de Mendoza ya reclama los 53 años de regalías compartidas y asegura que La Pampa le debe 680 millones de dólares más intereses.
El gobernador peronista Sergio Ziliotto fue el que encabezó la respuesta. En un posteo que no dejó margen para la ambigüedad, citó fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de 1987, 2017 y 2020 que ratifican la interprovincialidad del Atuel, y recordó el convenio firmado en 1992 entre el Estado Nacional, Mendoza y La Pampa, homologado por la propia Corte. “Ningún decreto puede anular un acuerdo de partes”, sostuvo Ziliotto. El escrito fue presentado ante el juez federal de primera instancia Juan José Baric.
El argumento jurídico central de la cautelar es precisamente ese convenio del 92: el derecho de La Pampa a percibir regalías no nace solo del decreto derogado por Milei, sino de un acuerdo tripartito homologado por el máximo tribunal del país. Es decir, el gobierno nacional no podría borrarlo por decreto sin pasar por encima de una sentencia de la Corte. Esa es la apuesta pampeana.
La movida política interna en La Pampa también tuvo su capítulo: opositores radicales y macristas cerraron filas con Ziliotto, aunque algunos marcaron reparos sobre la estrategia elegida. En Mendoza, en cambio, el decreto fue recibido con euforia y hasta generó internas entre dirigentes que se disputaron el mérito del logro frente al gobernador Alfredo Cornejo.
Las regalías en juego no son menores: hoy se calculan en unos 2,5 millones de dólares anuales en total, mitad para cada provincia, y en Mendoza anticipan que ese valor crecerá en los próximos años a medida que suba el precio de la energía. El contexto inmediato del decreto es el llamado a una nueva licitación por los próximos 30 años de concesión de la represa. La cautelar pampeana busca frenar ese proceso antes de que los dados queden tirados definitivamente.
