Pagar el jornal con cocaína. Esa es la hipótesis que la Justicia Federal de Concordia investiga con creciente solidez y que derivó esta semana en un paso judicial concreto: el procesamiento con prisión preventiva de Sabrina Núñez y Matías Salina, acusados de comercializar estupefacientes en el marco de la cosecha citrícola de la región.
La resolución fue dictada por la jueza federal Analía Ramponi, quien consideró que el cuadro probatorio reunido hasta el momento es suficiente para atribuirles, con el grado de probabilidad propio de esta etapa del proceso, el delito de comercio de estupefacientes previsto en el artículo 5, inciso “c”, de la Ley 23.737. La causa es impulsada por el fiscal federal Francisco Bernhardt y cuenta con el trabajo de campo de la División Unidad Operativa Federal Concordia de la Policía Federal Argentina.
La investigación arrancó sobre personas vinculadas al traslado de cosecheros desde Concordia hacia establecimientos citrícolas de distintas localidades de la región. En ese circuito, los investigadores comenzaron a detectar indicios de una presunta comercialización de cocaína entre trabajadores rurales temporarios. Lo que más peso tomó en el expediente fue la hipótesis de que la droga habría funcionado, en algunos casos, como modalidad de pago por las tareas de cosecha: una forma de retribución que, si se confirma, habla de un nivel de vulnerabilidad y sometimiento difícil de dimensionar.
Para sostener esa línea, los investigadores realizaron tareas de campo, recibieron declaraciones testimoniales y ejecutaron intervenciones telefónicas autorizadas judicialmente. Esas medidas derivaron en allanamientos y requisas donde fueron secuestrados decenas de envoltorios con cocaína, según surge de la resolución judicial.
Con ese material, la jueza Ramponi no solo procesó a los dos imputados sino que también dispuso mantenerlos bajo prisión preventiva. Ambos están alojados en la Unidad Penal 9 de Gualeguaychú y permanecen a disposición de la Justicia Federal. Además, la magistrada ordenó embargos por más de cinco millones de pesos sobre los bienes de cada uno de los procesados.
La causa tiene una dimensión que va más allá del narcotráfico en sí: pone el foco en un sector de trabajadores temporarios que, por su propia precariedad, quedan expuestos a dinámicas de explotación que el sistema formal no siempre alcanza a ver. La investigación continúa abierta y la Justicia deberá determinar con mayor precisión el alcance real de la operatoria a medida que el expediente avance.
